Uno de los compradores ha denunciado a los propietarios de un gran predio de Guaymallén y la Fiscalía de Delitos Económicos está mediando para buscar una solución.
El terreno en disputa, ubicado en Castro Barros y Curupaití, en el distrito de Jesús Nazareno, Guaymallén. /Google Street.
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Unas 30 familias que compraron departamentos y lotes en uno de los barrios privados que construía el empresario Florentino Paco —imputado por una larga serie de presuntas estafas— esperan con expectación un acuerdo entre el empresario y los dueños del terreno para poder acceder a las viviendas.
La historia comienza cuando Florentino Paco, a través de su empresa IDANDI S.A., le compra a la familia Arboit un amplio terreno baldío ubicado en Castro Barros y Curupaití, en el distrito de Jesús Nazareno, Guaymallén.
Las partes firman un contrato de compraventa por la suma de 1.600.000 dólares, de los cuales el empresario boliviano paga, en cuotas, 1.000.000 de dólares, adeudándole a los dueños 600.000 dólares. La operación se realiza con recibos de pago y una escritura en trámite, además de un contrato de comodato por cuatro meses, lapso en el cual Paco podía usar el lugar.
Pasado ese tiempo y ante la falta de pago del resto de la operación, los propietarios ejecutan el contrato de comodato y la Justicia establece que Paco debe ser desalojado, lo mismo que cualquier otra persona que estuviera en el lugar. Mientras todo esto ocurría, Paco había vendido a unas 30 o 35 personas departamentos y lotes, cuyos compradores nunca pudieron habitarlos porque legalmente no podían ocuparlos y porque las obras no habían terminado.
Estos compradores, tras reclamarle a Paco, se enteran de cómo es la situación del terreno en el que habían pagado total o parcialmente lotes o departamentos. Entonces se contactan con Ferro para solicitarle que le permita al constructor terminar la obra, pero el abogado les contesta que primero le paguen la deuda.
Los compradores comienzan a organizarse y un vecino denunció en la Fiscalía de Delitos Económicos directamente a Arboit y Ferro para que se investigue si es legal o un delito haber ejecutado el contrato de comodato, sabiendo que existía una escritura en trámite y una inversión millonaria. Por eso entienden que los posibles delitos que la Fiscalía deberá investigar o desechar serían, por un lado, estafa procesal y, por otro, revisión de sentencia, aunque por ahora no hay imputados y se analiza también una posible estafa genérica, según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Un caso testigo es el del comerciante J. V M., quien en febrero de 2024 le compró a Onofre Paco dos departamentos de una torre, entregándole U$D 80.000 y restando el pago de U$D 4.000 cuando les entregara las viviendas. La entrega debía hacerse en diciembre de 2024, pero luego Paco le dijo que lo entregaría en marzo de 2025. El comprador iba periódicamente al predio y veía que la construcción avanzaba.
Pero como el plazo de entrega no se cumplió, habló con Paco, quien le pidió una nueva prórroga hasta julio. Ese mes fue al lugar y una persona le dijo que se encontraba cerrado por orden judicial, y que nadie podía entrar. “Llamé nuevamente a Paco y me dijo que había tenido problemas con los dueños del terreno, que él había arreglado con los propietarios del terreno que el pago del mismo sería con departamentos, pero que ahora querían plata y que esa era la razón del cierre del complejo”, dice la denuncia.
Ante las promesas de Paco de que todo se iba a solucionar, en ese momento, “habíamos conformado un grupo de WhatsApp con todas las personas que estábamos en la misma posición, casi un total de 33 nos juntamos y decidimos denunciar”.
La denuncia, al final, aclara: “A quien vengo a denunciar es a Raquel Arboit y Carlos Alberto Ferro, porque lo que quiero es que le devuelvan el terreno a la empresa de Paco para que pueda continuar con la construcción y nos pueda entregar los departamentos. Paco me tiene los departamentos prácticamente listos, por lo tanto, Paco me ha cumplido y hay un litigio entre los que nombré y Paco, y ese litigio nos ha perjudicado a todos los que habíamos comprado”.
Ayer, la Fiscalía de Delitos Económicos realizó la cuarta audiencia de conciliación, de la que participaron Paco, Raquel Arboit (propietaria del terreno ubicado en Castro Barros y Curupaití), su abogado, Carlos Ferro, y además un vecino que ha denunciado.
Por lo pronto, la posición de Arboit es cobrar el saldo de la deuda y con eso escriturar el terreno a los que le compraron los departamentos y lotes a Paco. Esos gastos de escrituración también tienen que ser pagados. En tanto, Paco sostiene que no tiene el dinero para pagar en su totalidad los 600.000 dólares. Aun así, quiere que le permitan seguir trabajando en las obras para terminarlas, vender las que no están vendidas y luego pagar. Arboit no está de acuerdo con este plan. Así las cosas, no hay por ahora un acuerdo que beneficie a todos.
Ahora el fiscal Juan Ticheli, que venía interviniendo en la negociación, pasó el expediente al fiscal Hernán Ríos, quien ha concentrado todos los expedientes que tienen como protagonista a Florentino Paco.
