El uniformado José Funes tiene el beneficio de la prisión domiciliaria y espera la decisión de los fiscales adjuntos para no ser juzgado por un tribunal popular que podría llevarlo a una condena perpetua. No se trata de un caso “dudoso”: en un video se puede ver cómo fue la mecánica del hecho.
Un policía baleó a un presunto ladrón en Luján.
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Gentileza / X @MATIPASCUALETTILos fiscales adjuntos Paula Quiroga y Gustavo Pirrello –segundos al mando del Ministerio Público Fiscal, después del Procurador Alejandro Gullé– deberán decidir si un policía imputado por homicidio agravado puede someterse a un juicio abreviado por un delito menor. No se trata de un hecho “dudoso”: un video registró cómo fueron los hechos.
Se trata del caso de José Funes (41), para quien, en julio pasado, el Juzgado Penal Colegiado N° 1 había ordenado –de manera inapelable– que fuera sometido a un juicio por jurados por la muerte de Fernando Rubén García (37) y por “homicidio agravado por la calidad de sujeto activo (funcionario policial) y por el uso de arma de fuego”, que tiene como única pena la prisión perpetua, de ser encontrado culpable.
En esa instancia, el juez Sebastián Sarmiento había rechazado de plano el planteo de la abogada del Ministerio de Seguridad y Justicia, Susana Soleti, quien había sostenido que se habría tratado de un caso de exceso de legítima defensa.
Con esta grave acusación, el uniformado Funes, tras ser imputado, había logrado un beneficio que solo se les concede a imputados con enfermedades terminales: la prisión domiciliaria.
García murió en el Hospital Central luego de recibir, en la cabeza, uno de los ocho disparos que habría realizado Funes –el hecho quedó registrado en el video de un negocio con mucha claridad– mientras escapaba en su auto del centro de Luján.
El policía presta servicios en la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), en tanto que García tenía múltiples antecedentes por delitos menores: contra la propiedad, resistencia a la autoridad, amenazas y causas vinculadas con la Ley de Estupefacientes.
Al momento del certero ataque la víctima no estaba delinquiendo, sino que el agente lo reconoció como el presunto autor de un robo en su auto que se había producido días antes.
Pues bien, ahora el juicio por jurados podría no realizarse porque la abogada Soleti presentó en la Fiscalía de Homicidios una solicitud de juicio abreviado ante la fiscal Claudia Ríos (quien heredó el caso del entonces fiscal Gustavo Pirrello, hoy fiscal adjunto), alegando “un acuerdo tácito con la fiscalía”.
La fiscal Ríos rechazó el pedido y además advirtió que ella nunca habló con la defensa sobre un acuerdo de este tipo y que mantenía la posición inicial: homicidio agravado. Pero como lo establece el Código Procesal Penal sólo para funcionarios públicos, debía someter la decisión a su superior: el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo.
En un momento en que Guzzo estaba de licencia, el caso fue abordado por su reemplazante, Darío Tagua, jefe de la Fiscalía de Tránsito y Correccional, quien decidió aceptar la propuesta de Soleti, dando vía libre a un juicio abreviado por un delito menor con penas de uno a cinco años de cárcel.
Pero tal como dice el Código Procesal Penal, esta decisión deberá ser aceptada o rechazada por los fiscales adjuntos, en una audiencia que se realizará el próximo 21 de octubre.
En relación con esta audiencia, habrá que ver si participan ambos adjuntos o solo Paula Quiroga, ya que Gustavo Pirrello fue_ justamente quien decidió imputarlo por homicidio agravado cuando era fiscal de Homicidios.
En cuanto a los representantes del Ministerio Público Fiscal, se verá si participa el fiscal de Tránsito Darío Tagua, ya que firmó el preacuerdo, o bien si lo hace la Fiscalía de Homicidios con su jefe, Fernando Guzzo, y la fiscal instructora, Claudia Ríos.
La novedad será que en esta instancia participará el representante de la familia de la víctima, el abogado Lucas Fallet, quien se ha constituido en querellante y _ adelantó a Los Andes: “Nos opondremos a un abreviado y haremos fuertes planteos”.
En caso de que se ordene un juicio abreviado, un juez deberá homologar el acuerdo y confirmar la pena que se establezca entre la Fiscalía y la Defensa.
Un video registró el ataque
El hecho en el que el policía habría acribillado a García se produjo el 6 de octubre de 2025 a las 9:30 en Azcuénaga y Libertad, de Luján. El por entonces fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, tras analizar la situación, ordenó la imputación luego de que la víctima falleciera en el Hospital Central.
La prueba fundamental del caso es un video de una cámara de seguridad de la zona donde quedó registrada la situación con bastante claridad.
Las imágenes fueron secuestradas en el kiosco donde había ido a comprar el policía; se ve que está la víctima en su auto, solo, sin acompañante.
El policía sale del negocio, se acerca y muestra la placa y el arma. El hombre parece bajar el vidrio y, cuando le da el semáforo en verde, arranca y escapa. Entonces el policía empieza a disparar; una de las balas ingresó por la ventanilla e impactó en el cráneo del conductor.
Las imágenes muestran que no hubo ninguna situación de ataque por parte de la víctima, ya que no estaba armada.
El fiscal, para imputarlo, tuvo en cuenta también que el policía conocía el auto de la víctima (utilizado en un robo anterior cuya víctima fue justamente el policía), que el uniformado no formaba parte de la investigación de ese robo y que disparó ocho veces en una zona urbana.
El viernes anterior a la muerte de García, dos delincuentes le robaron al policía Funes su arma reglamentaria y otros elementos personales que había dejado en su auto, un Honda Civic que estaba estacionado en la calle Sáenz Peña, en Luján.
Según la reconstrucción del caso realizada por la fiscalía, “en ese robo habría intervenido un vehículo que (el lunes pasado a la mañana) fue identificado por el uniformado (un Chevrolet Prisma gris) y en consecuencia habría intentado individualizar a sus ocupantes”.
Pero como “el vehículo apresuró su marcha para darse a la fuga, el efectivo decidió efectuar ocho disparos, impactando uno de ellos en la cabeza del conductor”.
Bomberos voluntarios de Luján de Cuyo rescataron al sujeto, identificado como Fernando Rubén García, quien fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el cráneo, región occipital derecha, sin orificio de salida, siendo trasladado al Hospital Central, donde falleció.
Al momento de la imputación, la abogada Soleti explicó cuál es la versión del uniformado: “El conductor arranca, el policía da la voz de alto, el conductor intenta atropellarlo y de hecho el policía sufre un esguince y trata de repeler un posible ilícito; por eso dispara”.
La abogada del Ministerio de Seguridad indicó que en el allanamiento realizado en la casa de la víctima se encontraron algunas pertenencias de Funes: un reloj, ropa de su mujer, dos cajas de zapatillas, además de un inhibidor de alarmas y otras herramientas. Pero el arma robada no fue encontrada.
