Tras dos años de investigación, la Justicia ordenó no liberar a ninguno los 7 acusados de estafar prometiendo altas rentabilidad en dólares y hasta terrenos virtuales en el Metaverso. La decisión se tomó pese a un falló de la Corte que ordenaba la libertad de uno de los hermanos.
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Tras dos años de investigación y pese a un reciente fallo de la Corte, la Justicia ordenó que todos los imputados en la causa Caroglio –la organización familiar que habría estafado a 140 personas con unos 4 millones de dólares, ofreciéndoles altos intereses y luego la insólita promesa de terrenos virtuales en el metaverso- deberán seguir detenidos durante los próximos 6 meses, a la espera de un futuro juicio.
El lunes pasado la Corte Suprema de Justicia de Mendoza hizo lugar a un recurso de casación planteado por el abogado Fernando Peñaloza, defensor de los acusados, presentó por Genaro Caroglio y el máximo tribunal dispuso el cese de la prisión preventiva en la causa de lo tiene imputado por asociación ilícita.
Pero ayer, la jueza Marina Martín del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, a pedido de la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Gabriela García Cobos, dictó una nueva prórroga de prisión preventiva y, de esta forma todos los acusados deberán seguir detenidos: Giovanni Caroglio - acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita- y sus hermanos Gitán y Genaro Caroglio –presuntos “organizadores” de la presunta banda, junto a su padre, Daniel Caroglio.
También seguirán detenidos Daniel Tomás Caroglio, Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Breuer, quienes para la fiscal habrían cumplido el rol de “miembros”, según consta de la causa por asociación ilícita que el 18 de junio pasado fue elevada a juicio por la fiscalía, considerando así que la investigación por asociación ilícita está terminada; no así las presuntas estafas que se tramitan en otro expediente.
“Pese a lo que dijo la Corte la jueza le dictó la prorroga a Genaro”, afirmó Peñaloza, defensor de los acusados.
Por otra parte indicó que, según su opinión, la importancia del fallo de la Corte – firmado por los magistrados Omar Palermo, Dalmiro Garay y Mario Adaro- “las prisiones preventivas y los fallo que se han dictado con anterioridad han sido en forma irregular, lo que nos permitió presentar algunas nulidades, porque se resolvieron fueron del plazo legal”.
Por otra parte los acusados ya llevan 2 años de prisión preventiva y no obstante eso le ahora le dan 6 meses más de cárcel.
Se trata de una investigación muy compleja en la que el reciente fallo de la corte ordenó apartar al tribunal de la instancia anterior para que otro tribunal dispusiera el cese de la prisión preventiva pero los acusados que, a la vez, están imputados en otras causas en la que está confirmada la prisión preventiva.
Según consta en la elevación a juicio de la fiscalía de Delitos Económicos los 7 acusados fueron imputados en julio de 2023, en tanto que -Giovanni, Genaro y Gitán están en la cárcel. Todos han sido señalados por más de 140 denunciantes como los presuntos autores de millonarias estafas en dólares que se se habrían canalizado dos grandes proyectos: un fondo de inversión en dólares y la venta de terrenos en el metaverso. El piso de las estafas está calculado en unos 4 millones de dólares, aunque la cifra podría ascender considerablemente.
De acuerdo al criterio de la fiscal García Cobos, "Giovanni Caroglio, en calidad de jefe de los emprendimientos We are Capital y CriptoCountry, se confabuló -con vocación de permanencia- para formar parte de una banda criminal con los co-imputados Genaro Caroglio y Gitan Jalil Caroglio en calidad de organizadores".
La conformación de la asociación ilícita habría sido para "para insertar en el mercado, el plan fraudulento consistente en la puesta en marcha de un 'sistema piramidal' de recaudación de fondos de alcance provincial, nacional e internacional, el cual en su inicio consistía en atraer a incautos inversores a ingresar su dinero y bienes en un supuesto fondo de Inversión, cuya garantía era respaldada con la entrega de un contrato de mutuo con la firma de Giovanni Caroglio y en otros con la firma de Gitan Jalil Caroglio, certificados por escribano público".
De acuerdo al contrato que firmaban los hermanos Caroglio, los fondos invertidos serían utilizados exclusivamente para la compra y venta de contratos del NASDAQ a través de criptomonedas. Además, se les informaba a los inversores que recibirían entre 3% y 10% de interés o retorno mensual, durante un año, sin que dicha renta estuviera sometida a ninguna condición y con la posibilidad de recuperar el capital a los seis meses sin ningún tipo de penalidad.
Para García Cobos, los hoy imputados basaban la promesa del pago de los intereses y retorno prometido en la posibilidad de atraer más víctimas y, de ese modo, engrosar la base de la pirámide. De esta manera, se permitía perpetuar la estafa en el tiempo, prometiéndoles rentabilidades muy superiores a las del mercado financiero local.
Para la fiscal, los sospechosos cumplían "abonando los supuestos intereses prometidos tan solo los primeros meses, con dinero proveniente de las inversiones de nuevas víctimas, pagos que de ningún modo estaban respaldados por inversiones legítimas que pudieran garantizar ese nivel de retorno, retroalimentando con esa metodología la maniobra fraudulenta". De esta manera, cuando bajaba el flujo de nuevos inversores que se sumaban, se incumplía con los pagos prometidos.
Por otro lado se prometía a los empleados, que eran reclutados para captar clientes una comisión adicional de hasta 5% que se sumaba al 10% fijo que obtenían, si lograban mantener al inversor durante el mayor tiempo posible, procurando que sus víctimas no retiraran dinero de la organización.
La ostentación en las redes sociales de sus productos y estilos de vida, las lujosas oficinas en la Ciudad de Mendoza y en Puerto Madero (CABA) "a sabiendas de que el dinero recaudado de las víctimas no sería destinado a lo prometido" son otros de los fundamentos en que se basa García Cobos: "tenían acordado de antemano el aprovechamiento de los fondos en beneficio propio".
La investigación estableció que en diciembre de 2021 comenzaron a incumplir del pago de los intereses mensuales prometidos, y en febrero de 2022 llegó el momento de las falsas promesas para la devolución de las inversiones (capitales).
"Con ardides dinámicos pretendieron que sus víctimas no reclamaran el dinero que habían entregado, bajo la falsa aseveración de que los problemas se solucionarían y el fondo seguiría funcionando con normalidad, para que de esa manera, con el despliegue de estos ardides secundarios no advirtieran que habían sido víctimas de una estafa, impidiendo a través de la manipulación, que acudieran a la Justicia, con la falsa esperanza de que pronto recuperarían el capital y los intereses", explica la fiscal.
Fue en este momento en que apareció el segundo mecanismo al que, según García Cobos, los Caroglio habrían recurrido para extender aún más el alcance de la asociación ilícita y con la que buscaron perpetuar las estafas. Se trata de "CriptoCountry", un emprendimiento de venta de lotes virtuales en el metaverso.
Con Giovanni, Gitan Jalil y Genaro Caroglio a la cabeza del proyecto, se les ofreció a muchos de quienes habían invertido en "We Are Capital" (WAC) y quienes reclamaban su dinero trasladar sus inversiones a este proyecto en lugar de insistir con la devolución en efectivo. Además, se captó a otros inversores ajenos y que no tenían vinculación con WAC.
"En el despliegue de esta maniobra, con la falsa promesa del desarrollo de un videojuego en un mundo virtual o metaverso, y como oportunidad de inversión, vendían a las víctimas, primero en una supuesta preventa, y luego mediante diversas ofertas, packs y programas de referidos entre otras maniobras, terrenos virtuales en distintas ciudades virtuales dentro de ese metaverso, a cambio de lo cual entregaban, también como garantía, en la mayoría de los casos, un boleto de compraventa Crypto Country, firmado por Giovanni Caroglio, con la firma ológrafa escaneada y el logo de Cripto Country, según el cual en el término de 90 días los compradores recibirían un Token No Fungible (NFT), representativo de cada terreno virtual adquirido en el supuesto metaverso", destaca la fiscal.
De acuerdo a la investigación, el negocio en la compra de los NFT o terrenos virtuales consistía en ofrecerles a las víctimas que podrían comercializar dichos NFTS denominados UTL (token creado por la supuesta empresa), por un precio muy superior al de compra, todo en un Marketplace que, según prometían, su puesta en funcionamiento era de inminente apertura, primero para febrero de 2022 y luego para agosto de 2022. Se les garantizaba que, con el incremento de valor de esos terrenos, las víctimas podrían recuperar su dinero.
No obstante, la fiscal destaca que esta circunstancia que nunca se dio, ya que para agosto del año 2022 y cuando se puso en funcionamiento -no el marketplace propio prometido y cuyo lanzamiento aplazaron en numerosas oportunidades, sino que tan solo se listaron los token sin valor en la plataforma OpenSea-, el montaje de la organización había desaparecido casi por completo, al igual que el contacto de los imputados con la mayoría de las víctimas, sin que se hubiera desarrollado tal metaverso que otorgaría valor a los supuestos terrenos virtuales, "habiendo creado tan solo un demo de un videojuego con una jugabilidad básica, sin ningún desarrollo tecnológico y sin ningún metaverso".