La jueza Paula González, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los integrantes del grupo familiar detrás de la constructora Induplack Fiduciaria, acusados de llevar adelante una estafa inmobiliaria.
Esta empresa, de carácter familiar, promocionaba por redes sociales y portales del rubro propiedades en pozo a precios sumamente atractivos. Sin embargo, las obras nunca se concretaron y, en varios casos, los mismos inmuebles fueron vendidos a más de una persona.
Tras la orden de detención, los acusados se entregaron voluntariamente a la Justicia dentro de las 48 horas estipuladas, luego de que se les diera un plazo de tres días para presentarse por sus propios medios.
Los procesados son Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores. Se los acusa de integrar una asociación ilícita cuyo objetivo era llevar a cabo reiteradas estafas a través de fideicomisos inmobiliarios. Como parte de las medidas cautelares, la jueza ordenó el embargo de bienes por un total de 905 millones de pesos a nombre de Santiago L’Abbate, para garantizar futuras reparaciones económicas a los damnificados.
De acuerdo con la resolución judicial, los hermanos L’Abbate fueron imputados en su rol de representantes legales de Induplack Fiduciaria S.A., mientras que Flores fue señalado como apoderado de la firma y presidente de Icons Tech S.A. Se los acusa de haber “organizado y participado en una estructura delictiva orientada a cometer delitos de forma sistemática y sostenida en el tiempo”.
La organización habría comenzado sus actividades ilícitas, al menos, en el año 2012, y continuó operando hasta junio de 2024. Según consta en el expediente, Vito Antonio L’Abbate actuaba —y seguiría actuando— como líder del grupo, en tanto que los demás implicados colaboraban activamente en el funcionamiento del esquema, cumpliendo distintos roles de manera intercambiable.
Cómo operaban los estafadores
La investigación judicial abarca una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con la comercialización de inmuebles en desarrollos gestionados por Induplack Fiduciaria S.A., que perjudicaron a decenas de compradores. Las víctimas entregaban sumas de dinero por propiedades que jamás fueron construidas o que, en algunos casos, se vendieron a más de una persona.
Estafa inmobiliaria
Tres de las obras de pozo que ofrecía Induplack en su sitio web.
Según consta en la resolución, “a pesar de haber recibido los fondos necesarios para afrontar los costos de construcción, los imputados desviaron el dinero en beneficio propio o de terceros”. Lo que en principio parecía una inversión atractiva terminó convirtiéndose en un verdadero desastre económico para cientos de personas.
Más de 200 damnificados se han identificado hasta el momento. Muchos de ellos firmaron boletos de compraventa para unidades en fideicomisos ubicados en direcciones como Rivadavia 7159, Oliden 660, Ibarrola 6517, Fragata Presidente Sarmiento 2070/72, Alberdi 6683, y México 1640, entre otros. En numerosas ocasiones, las obras jamás comenzaron, las propiedades fueron ocupadas por terceros, o los compradores recibieron pagarés que nunca fueron saldados.
La causa detalla diversas maniobras fraudulentas, incluyendo la firma de múltiples boletos sobre una misma unidad, reiterados incumplimientos de plazos, promesas de reintegros que no se concretaban, y operaciones de reventa sobre inmuebles ya comprometidos. Una de las damnificadas describió la situación del edificio en el que había invertido como “un edificio fantasma”, con las unidades cerradas y los boletos pegados en las puertas.