Una docente que había sido condenada por la muerte de su beba en 2010 fue separada de su cargo luego de ser denunciada por filmar a sus alumnos y pedirles información personal durante sus clases en una escuela del barrio porteño de Palermo.
Roxana Cayo había regresado a dar clases en una escuela de Palermo tras cumplir la inhabilitación administrativa. Padres denunciaron que filmaba a los alumnos y les pedía información personal. El Gobierno porteño inició una investigación y anunció cambios en la normativa.
Una docente que había sido condenada por la muerte de su beba en 2010 fue separada de su cargo luego de ser denunciada por filmar a sus alumnos
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Noticias Argentinas
Una docente que había sido condenada por la muerte de su beba en 2010 fue separada de su cargo luego de ser denunciada por filmar a sus alumnos y pedirles información personal durante sus clases en una escuela del barrio porteño de Palermo.
Se trata de Roxana Carolina Cayo, de 53 años, quien se había reincorporado al sistema educativo en agosto de este año, después de cumplir los años de inhabilitación administrativa establecidos tras su condena, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
Cayo comenzó a trabajar con alumnos de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín. Sin embargo, pocos días después de su regreso, padres de los estudiantes denunciaron situaciones ocurridas dentro del aula.
Según trascendió, fueron los propios alumnos quienes comenzaron a contarles a sus familias lo que sucedía durante las clases. De acuerdo con las denuncias, la docente utilizaba su teléfono celular para filmarlos y quienes se negaban eran castigados.
Además, los chicos habrían recibido consignas para dibujar sus documentos de identidad y señalar lugares que frecuentaban habitualmente.
Ante las denuncias, los padres se presentaron en la institución y dieron intervención a las autoridades educativas. El Ministerio de Educación porteño resolvió separar preventivamente a la docente de su cargo y avanzar con una investigación para determinar lo ocurrido.
El antecedente que había generado controversia se remonta a 2010, cuando Cayo fue investigada por la muerte de su beba de seis meses.
En 2014 fue detenida en Florencio Varela, después de permanecer cuatro años prófuga. La investigación estableció que había dejado a la niña sola en una vivienda junto a sus hermanos menores para asistir a un boliche en General La Madrid.
Cuando regresó, encontró a la beba fallecida dentro de una caja con juguetes. Según la causa, la niña habría caído de la cama y sufrido un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia cerebral.
En un primer momento, Cayo fue condenada por homicidio doloso. Sin embargo, posteriormente la Cámara de Casación modificó la calificación y la condenó por homicidio culposo, lo que permitió que, una vez cumplidas las sanciones administrativas correspondientes, pudiera reincorporarse al sistema educativo.
Tras conocerse la denuncia contra la docente, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que inició una investigación sobre los hechos y confirmó que Cayo fue separada de su cargo.
Desde la cartera educativa explicaron que la normativa vigente permite que una persona condenada por un delito culposo pueda reincorporarse al sistema educativo una vez cumplida su sentencia y los cinco años de cesantía administrativa correspondientes.
A raíz del caso, el Ministerio anunció que comenzó el proceso para modificar el decreto reglamentario de la ley vigente, con el objetivo de establecer nuevos criterios para situaciones similares.
