Foto:
Los diputados de la centroderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) chilena Gustavo Hasbún, Ignacio Urrutia y Jorge Ulloa presentaron un proyecto de ley en el que proponen que se sancione a quienes "nieguen, enaltezcan o minimicen" los hechos del gobierno y la figura del ex mandatario socialista Salvador Allende.
El polémico proyecto busca sancionar en presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM (Unidad Tributaria Mensual, cerca de 4.300 pesos argentinos), según explicó uno de sus impulsores, el diputado Urrutia.
"Si no es posible manifestarse a favor del gobierno militar, creemos que no es posible manifestarse a favor del gobierno de Allende, que se saltó la Constitución y las leyes", afirmó el legislador.
Advirtió además que "la violación sistemática de nuestro Estado de Derecho constituyó un hecho claro y manifiesto, y cuyos principales afectados fueron los ciudadanos quienes veían, sin ninguna justificación ser arrasados por la maquinaria administrativa de la Unidad Popular, sin mayores contrapesos políticos ni jurídicos".
Esta iniciativa nace como respuesta al proyecto presentado por la diputada comunista Karol Cariola, que propone prohibir la exaltación del régimen militar, y homenajear a alguna de sus figuras, iniciativa que denominó "Ninguna calle llevará tu nombre", en alusión al dictador Augusto Pinochet.
"La reconciliación tiene que venir de todos lados", señaló el diputado Urrutia, que dejó en claro que si la diputada Karol Cariola retira el proyecto, él también lo hará. Para los diputados de la UDI -la fuerza que más colaboró con la dictadura-, durante el gobierno de Allende "se transgredieron garantías constitucionales" como la libertad de asociación, los derechos de propiedad o los de reunión, entre varios otros.
El presidente Allende no alcanzó a completar la mitad de su período presidencial de seis años al ser derrocado por un golpe de Estado que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
Durante la dictadura militar, que se prolongó por casi 17 años, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran todavía como detenidos-desaparecidos, mientras otras 33.000 fueron torturadas y encarceladas por razones políticas, según cifras oficiales.
