El panorama para el gobierno aparece más alentador que nunca. Ya liberado del problema Adorni, con la inflación en retroceso por segundo mes consecutivo, se puede avanzar en las reformas legislativas que Milei necesita tanto para profundizar su programa como para asegurar la reelección en 2027. Sin embargo, como suele pasar, aparecen nubarrones inesperados y preocupantes. Y como ya es costumbre con el gobierno libertario, las tormentas son en gran medida autoinflingidas.
Los ex combatientes de Malvinas argumentaron que la derogación de la ley de tierras “afectaría intereses soberanos y de la comunidad”. Foto: Archivo Los Andes
Foto:
Cuando todo parecía tranquilo, repentinamente asoma la cabeza el monstruo nacionalista, que suele ser irritativo para Milei. Justo en tiempos de mundial, en que se exacerban los sentimientos nacionalistas y los colores celeste y blanco están en todos lados. Dos temas anuncian esta dificultad: la cuestión Malvinas y la integridad territorial. Veamos por partes el problema.
Más allá de la derrota en la final, el mundial de fútbol tuvo un pico de emotividad en el partido entre nuestro país e Inglaterra. El festejo del triunfo, con los jugadores sosteniendo una bandera pro Malvinas arrojada desde la tribuna, puede haber sido el disparador de un conflicto internacional, o al menos de tirantez. La FIFA, a fin de evitar problemas y agresiones, prohibió arbitrariamente cualquier expresión pública por parte de hinchas y jugadores de nuestra reivindicación soberana, por considerarlo una cuestión política. El problema es que las autoridades argentinas aceptaron con pasividad esta decisión. Las críticas recayeron particularmente en la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Para complicar aún más las cosas, el sábado previo a la final el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó en conferencia de prensa que si seguíamos siendo un país bananero nunca íbamos a recuperar las islas. Lo dijo pensando en que es necesario progresar económica e institucionalmente para ser tenidos en cuenta a nivel internacional y poder negociar desde una mejor posición. Pero la desafortunada afirmación provocó una catarata de críticas de la oposición, justamente por describirnos como un país bananero. Puede que lo seamos, pero no hay por qué decirlo públicamente. La política de Milei respecto de Malvinas, que dentro de todo se ha mantenido en la línea de reafirmar nuestro derecho soberano y la exclusividad de la vía diplomática, se ve resentida con estos deslices.
Más complicado es lo acontecido con el intento de tratar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como “Ley de Tierras”, fracasado en buena medida por la acción de la Vicepresidenta Victoria Villarruel. Sus convicciones nacionalistas son bien conocidas, así como sus reacciones cuando se tocan estos temas. En este caso, el proyecto generó un vergonzoso intercambio en redes sociales con Patricia Bullrich, líder de la bancada oficialista en la Cámara Alta. Dejando de lado el papelón y las descalificaciones mutuas, es evidente que el proyecto tocó una fibra nacionalista que hizo saltar a Villarruel y a muchas personalidades de diversos ámbitos, todos unidos en el rechazo y la preocupación nacionalista.
Es que el problema está en el proyecto mismo. El propósito de la ley es encomiable: la defensa y garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada, ya consagrada en nuestra Constitución, pero que el gobierno necesita reforzar para atraer inversiones extranjeras. Un punto específico de la ley despertó la polémica: se levantan las restricciones de extensión (hasta ahora del 15% del territorio según la legislación vigente) para la compra de tierras por parte de inversores extranjeros, sean empresas o particulares. En defensa de la propuesta se esgrime que la norma limita la compra por parte de Estados extranjeros o empresas extranjeras con participación de Estados. Con esto lo que se busca es frenar la intervención de naciones que el actual gobierno considera peligrosas, como China, que ya han demostrado interés por comprar tierras en nuestro país.
Esto no alcanza a despejar las sospechas de los sectores nacionalistas. En épocas de capitales trasnacionales y anónimos, bloquear la compra por parte de Estados. pero liberar las trabas a los particulares no parece garantía suficiente de resguardo de la soberanía, sobre todo de recursos naturales claves como las reservas de agua. Desde luego que el planteo del gobierno no es inocente: está claro que para Milei el problema no son los individuos sino los Estados; a éstos hay que controlar. Un riesgo si tenemos en cuenta la extensión y despoblación de nuestro territorio, en particular la Patagonia. Que se otorgue a las provincias y la Nación la atribución de aprobar las operaciones de compra no alcanza, ya que pasados 180 días sin que se rechace la operación automáticamente queda aprobada. Ya sabemos que los funcionarios tienen prisa sólo para aquello que les interesa.
En momentos en que Milei necesita construir consensos para sacar adelante las reformas que se propone no parece la mejor idea presentar una reforma de la ley de tierras que deja la puerta muy abierta al capital extranjero. Además de excitar las pasiones nacionalistas de las que él tanto recela, pero que son fuertes entre nuestra población.
* El autor es profesor universitario de historia de las ideas políticas.
