El rechazo británico no cierra el camino jurídico: abre una nueva batalla por la plataforma continental y los recursos del Atlántico Sur. Frente a dicho rechazo, la Argentina debe transformar el conflicto en una política de Estado.
Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
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El comunicado difundido por el Gobierno británico en respuesta a la decisión argentina de recurrir al mecanismo de arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar- CONVEMAR- y la respuesta del Gobierno argentino, merece a nuestro criterio, una lectura mucho más detenida que las que puede hacerse a partir de declaraciones políticas.
El Reino Unido, rechazó formalmente la solicitud de arbitraje internacional presentada por Argentina para intentar frenar el Proyecto Sea Lion en la Islas Malvinas, a través de un comunicado oficial emitido por el Foreign Office (Ministerio de Relaciones Exteriores británico) y las declaraciones de la Ministra británica para las Américas y Territorios de Ultramar Uma Kumaran.
Los puntos clave del Comunicado y posicionamiento británico son los siguientes:
El Gobierno británico sostuvo que los intentos de impedir el desarrollo petrolero en las islas constituyen “un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el derecho internacional”.
Señala que las acciones realizadas por Argentina para frenar actividades económicas que se consideran legales,” no son actos de compromiso internacional responsable”, sino intentos deliberados de afectar la economía y los derechos de los isleños.
Indica el comunicado, que las medidas impulsadas por Argentina siembran dudas sobre su “fiabilidad como socio internacional”, al pretender interferir en proyectos comerciales e inversiones en las islas.
El comunicado, reafirma la posición del Gobierno británico de reafirmar su compromiso de apoyar al gobierno local de las Falkland Islands: “ El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro el Gobierno de las Islas y a los isleños. Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”.
Como parte de esta respuesta al Gobierno argentino, la Cancillería británica convocó en Londres a nuestra embajadora argentina ante el Reino Unido, Mariana Plaza, a fin de trasmitirle formalmente la postura de rechazo del Gobierno británico.
Esta contestación, abre una nueva etapa en la controversia del Atlántico sur.
Buenos Aires acaba de responder que recurrir a un tribunal internacional imparcial no implica socavar derechos de terceros, sino utilizar un mecanismo jurídico convenido por ambas partes, al adherir a la CONVEMAR.
Aquí aparece la cuestión central: La Argentina no debería responder a la negativa británica solamente con otro comunicado político. Debe convertirla en una estrategia jurídica, diplomática e internacional de largo plazo.
Hay que evitar una confusión en la que nos quiere hacer entrar la inteligencia británica y la BBC y sus cadenas de información amigas:
La argentina no está intentando resolver mediante la CONVEMAR la cuestión de la soberanía argentina en Malvinas. El planteo argentino está vinculado, en esta instancia, con la explotación de recursos no renovables como el petróleo en espacios marítimos cuya situación jurídica está directamente relacionada con la controversia del Atlántico Sur.
Por eso, la estrategia argentina no puede descansar únicamente en afirmar que “tenemos razón”. Debe construirse técnicamente la jurisdicción del Tribunal arbitral y demostrar que la controversia sometida al mecanismo internacional, puede ser decidida sin convertir al tribunal en juez sobre la soberanía territorial de las islas.
Ese será uno de los principales campos de batalla jurídicos a abordar.
La CONVEMAR en su artículo 288, establece que los tribunales competentes tienen jurisdicción sobre las controversias relativas a la interpretación o la aplicación y agrega que cuando existe controversia sobre la propia jurisdicción, esa cuestión debe ser resuelta por el tribunal correspondiente. Y ello significa que existe una diferencia entre rechazar políticamente el arbitraje y lograr jurídicamente que el tribunal internacional declare que carece de jurisdicción.
El Reino Unido puede sostener su posición política y jurídica, Pero corresponde al mecanismo internacional determinar, si el procedimiento continúa, cuáles son los límites de su propia competencia.
Además, el Anexo VII de la Convención, dispone que si una de las partes no comparece, el procedimiento no queda automáticamente paralizado y el tribunal puede continuar siempre que se asegure de que tiene jurisdicción y de que la pretensión está fundada en hechos y derecho.
Creemos que la respuesta no debe ser improvisada ni exclusivamente retórica, por ello sugerimos las siguientes acciones, independientemente de las que estratégicamente esté preparando Cancillería.
1.-Continuar inmediatamente con la vía Judicial
La Cancillería Argentina, debería sostener el procedimiento iniciado bajo el Anexo VII de la Convección y presentar una memoria jurídica extremadamente rigurosa, concentrada en las obligaciones derivadas de la CONVEMAR y en los efectos de la explotación hidrocarburífera de Sea Lion.
El objetivo no debe ser utilizar al tribunal como escenario político, sino obligar a que la controversia sea examinada bajo los parámetros jurídicos del derecho internacional del mar.
2.- Preparar desde ahora la solicitud de medidas provisionales
El Gobierno argentino ya anunció que, si el Reino Unido no impide las actividades vinculadas con la explotación de petróleo, recurrirá al tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.
Esta posibilidad, tiene fundamento en el artículo 290 de la CONVEMAR, que permite adoptar medidas provisionales cuando el tribunal considera que prima facie posee jurisdicción y cuando resultan necesarias para preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino.
Por ello, Argentina debería preparar una carpeta probatoria científica y económica que documente:
La discusión debe trasladarse de la política a la prueba.
3.- Llevar nuevamente la cuestión a Naciones Unidas
La Argentina debería solicitar una nueva ofensiva diplomática en la Asamblea General y en los organismos especializados pertinentes.
La cuestión Malvinas posee una característica que no puede ser ignorada:
Naciones Unidas reconoce hace décadas la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Por ello, Buenos Aires debería evitar que el debate internacional quede reducido a la fórmula británica de “autodeterminación de los isleños”.
La posición Argentina, debe insistir en que existen dos planos jurídicos diferentes: la población de las islas y la controversia de soberanía entre dos Estados.
4.- Construir una coalición diplomática latinoamericana
El Gobierno Nacional, debería trabajar con los países latinoamericanos y del Caribe para conseguir una posición diplomática coordinada respecto de la explotación unilateral de recursos en nuestra plataforma continental. Pero ello se logra teniendo presente el interés nacional por sobre las afinidades ideológicas coyunturales.
5.-Convocar a Chile y Uruguay a una agenda específica del Atlántico Sur
Creemos que el Atlántico Sur, no debe ser considerado como una cuestión bilateral entre Argentina y el Reino Unido.
Pesca, Biodiversidad, hidrocarburos, rutas marítimas, investigación científica, seguridad marítima, y protección ambiental son hoy y en el futuro asuntos regionales.
Argentina debe preparar una Agenda del Atlántico Sur, incorporando a los países sud americanos que se vayan interesando e incorporarlos progresivamente. Esto permitiría regionalizar la cuestión Malvinas en todos sus aspectos y mediante una acción diplomática seria y confiable.
6.-Implementar una verdadera política de Estado
Para nosotros, este es el punto más importante, dado que consideramos que Malvinas no debe pertenecer a un Gobierno. Los gobiernos cambian. Malvinas pertenece a la República Argentina, pues las estrategias de los Estados respecto a su soberanía permanecen.
Para elaborar una política de Estado, el desafío de la política radica en buscar un instrumento que garantice la participación del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, Provincias patagónicas, especialistas en derecho internacional , diplomacia, defensa, economía, defensa, recursos naturales, Universidades y representantes de los sectores productivos e industriales, conjuntamente con veteranos de guerra de nuestras FFAA.
Su función no debe ser reemplazar a la Cancillería, sino elaborar una estrategia nacional con objetivos que trasciendan los ciclos políticos.
Pensamos en la creación de un Consejo Nacional para la Cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, porque Argentina no necesita gritar más fuerte. Necesita argumentar mejor, negociar mejor, diplomáticamente construir más alianzas y sobre todo sostener durante décadas una misma dirección estratégica.
Porque la verdadera fortaleza de una reivindicación territorial soberana, no se mide por la intensidad de las palabras con las que coyunturalmente un presidente la proclama, sino por la capacidad de un Estado para convertir una convicción histórica en una estrategia internacional permanente y de futuro.
* El autor es presidente del IARI (Instituto Argentino de Relaciones Internacionales).
