El RIGI y el Súper RIgi es un régimen que crea enclaves, que hace pagar poco a los grandes conglomerados y cada vez más a las PyMES, y que deja a la sociedad argentina afuera del mapa productivo. Un porvenir que se construye resignando más de mil millones de dólares al año, regalando beneficios a proyectos que ya existían, liberando la salida de utilidades y prohibiéndose a sí mismo exigir el compre nacional, no dará como resultado un polo industrial. Será, simplemente, la consolidación de un modelo primario-exportador con sello de excepción y vencimiento a treinta años.
Proyectos financiados por el RIGI y el Súper Rigi. ¿Convenientes para el país?
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En los últimos días, estas páginas han sido escenario de una defensa entusiasta del RIGI y del Súper RIGI. Se los presenta, con una retórica del futuro, como la llave maestra para convertir a nuestra provincia en un "polo industrial y tecnológico". Comparto plenamente el objetivo, sin embargo, discrepo profundamente en el instrumento elegido. La propia evidencia que se invoca no muestra industrialización, cuando se ponen los números sobre la mesa, la realidad cuenta otra historia.
Empecemos por lo que se resigna, un dato fundamental para evaluar el impacto en las cuentas públicas. El Centro de Economía Política Argentina, utilizando la metodología estándar de gastos tributarios que aplican el FMI y la OCDE, estimó que los proyectos ya aprobados del RIGI le costarán al Estado —cuando entren en plena producción— entre 1.069 y 1.395 millones de dólares anuales de recaudación resignada. El componente más pesado de esta pérdida es la rebaja del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%. Lejos de corregir este problema, el Súper RIGI lo agrava al llevar esa alícuota a un magro 15%. Ante esto, el Gobierno ensaya un argumento circular: sostiene que no hay costo fiscal porque, supuestamente, los proyectos no existirían sin este régimen. Como simplemente no se presupuesta el ingreso, se decreta que no hay pérdida.
Aquí es donde aparece la pregunta incómoda que los defensores del sistema evitan responder: ¿para qué otorgar semejante regalo fiscal si los proyectos ya estaban en marcha? El mismo informe documenta que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados o contaban con inversiones ejecutadas antes de la existencia del RIGI. Uno de ellos es, precisamente, El Quemado en Mendoza. Conviene decirlo con todas las letras: El Quemado lo desarrolla YPF, una empresa de mayoría estatal. Es decir, el Estado nacional le otorga una exención fiscal extraordinaria —erosionando la recaudación que sostiene a todos los argentinos— a una inversión que ya estaba prevista y que ejecuta una compañía que el propio Estado controla. No estamos seduciendo a un capital extranjero que de otro modo no vendría; estamos institucionalizando la renuncia tributaria sobre lo que iba a ocurrir de todos modos.
El caso testigo de este fenómeno es Vaca Muerta. Su desarrollo no convencional fue traccionado por YPF desde el año 2012, tras su renacionalización, en un largo proceso de aprendizaje y riesgo empresarial. El RIGI llegó más de una década después, limitándose a cobrar peaje sobre algo que ya funcionaba plenamente.
Pasemos al otro gran argumento: la supuesta "fábrica de dólares". La letra chica cambiaria del régimen dice exactamente lo contrario. El RIGI exime a las empresas de liquidar las divisas de exportación en forma escalonada, no establece límites para la tenencia de activos en el exterior y habilita el libre giro de utilidades y dividendos, los cuales tributan apenas un 7%. En el caso de Mendoza, por ejemplo, el gobierno avanza apoyando el Proyecto San Jorge que incluido en el RIGI tendrá beneficios extras para la empresa en detrimento de ingresos públicos; una decisión poco oportuna en una provincia donde muchos mendocinos miran con recelo la actividad minera porque dudan de la capacidad del Estado para controlar la actividad frente al poder de los empresarios
El punto más grave y que afecta directamente al corazón productivo es el del empleo y los encadenamientos locales. Mientras se prometen "cadenas de valor capaces de multiplicar empleo", la ley escrita determina otra cosa. El RIGI casi no condiciona ninguna compra nacional efectiva. Peor aún, el Súper RIGI elimina directamente el plan de proveedores locales; según Fundar, sólo exige "informar" la integración nacional e incluso prohíbe al Estado exigir insumos argentinos cuando exista una alternativa importada más barata.
Esto, que puede sonar abstracto, ya dejó de serlo en la vecina provincia de San Juan. En el mayor proyecto minero de la historia argentina, el campamento para miles de trabajadores se adjudicó a un consorcio liderado por una empresa china para ser fabricado entero en China y traerlo bajo la modalidad "llave en mano". La oferta de la industria nacional perdió por 18 millones de dólares, lo que representa apenas el 0,01 % de una inversión total de 18.000 millones. Por ahorrar esa fracción mínima, se resignaron unos 450 puestos de trabajo argentinos: fabricar los módulos en el país generaba 500 empleos, mientras que montar lo importado apenas requerirá 50. Un régimen que se promociona como industrializador termina financiando, vía renuncia fiscal, la importación de la misma industria que dice querer crear, a pesar de que en el país existen empresas nacionales con capacidad para hacerlo.
Mendoza debe mirar este espejo de cerca. El verdadero debate de fondo no es "inversiones sí o inversiones no". La discusión crucial es qué tipo de inversiones queremos, bajo qué condiciones se van a radicar y hacia qué modelo de país nos conducen. Noruega —el ejemplo que suele citar la literatura a favor de estos regímenes— no integró sus recursos naturales con la industria de alta tecnología bajando impuestos y mirando para otro lado. Lo hizo a través de un Estado que exigió estrictamente contenido local y construyó capacidades propias. La propia Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 18, manda al Congreso a proveer al crecimiento armónico de la Nación y a equilibrar el desigual desarrollo de las provincias. Un régimen que crea enclaves, que hace pagar poco a los grandes conglomerados y cada vez más a las PyMES, y que deja a la sociedad argentina afuera del mapa productivo, camina exactamente en el sentido contrario. En un contexto donde ya perdimos más de 75.000 empleos industriales en dos años, el problema no es la falta de un régimen de excepción, sino la alarmante falta de un proyecto de desarrollo integral.
Coincido en que estamos discutiendo el país de las próximas décadas. Por eso mismo, no podemos conformarnos con la simple retórica del futuro. Un porvenir que se construye resignando más de mil millones de dólares al año, regalando beneficios a proyectos que ya existían —algunos de ellos en manos de una empresa de mayoría estatal—, liberando la salida de utilidades y prohibiéndose a sí mismo exigir el compre nacional, no dará como resultado un polo industrial. Será, simplemente, la consolidación de un modelo primario-exportador con sello de excepción y vencimiento a treinta años.
Quienes hoy ocupamos algún lugar de decisión tenemos la obligación de ponernos de acuerdo y con evidencia en mano, comprometernos a construir un modelo de desarrollo sin exclusiones, asegurando que la riqueza que sale del suelo argentino genere trabajo, proveedores y conocimiento con sello argentino. Esa, y no otra, es la cuenta que sigue faltando.
* El autor es senador provincial de Mendoza.