Preocupados por una inflación que no baja del 30 % anual cuando en el presupuesto aprobado se la estimó en 10,1; por una tasa de inversión menor al 18% que es insuficiente para reponer el deterioro del equipamiento y la infraestructura; por la pérdida de empleos formales en el sector privado que supera a las bajas en el sector público nacional; provocan tal vez que temas básicos para el progreso nacional como el deterioro de la justicia o la catástrofe educativa no tengan la necesaria repercusión en la sociedad.
Hay una brecha entre un discurso que se escucha en legisladores del gobierno y los hechos, esa usurpación de palabras y de conceptos, como “más libertad y más transparencia” cuando si algo caracteriza a este gobierno y lo emparenta con sus antecesores kirchneristas es el ataque continuo a las libertades con ese odio que fomenta el gobierno a la prensa independientes y a cuanta persona observa con rigor y critica los errores y disparates que comete. Un gobierno cuyo titular no está en condiciones de afrontar una conferencia de prensa en serio, concurriendo a los programas de conductores de noticias al servicio del poder como en los tiempos de 678, ese programa patético del cristinismo.
Transparencia, como sus primos K odian la transparencia; lo vemos con el desarme de los organismos de control y de lucha contra el lavado de dinero. La falta de respuesta a los pedidos de informes de los legisladores, la falta de concurrencia a dar explicaciones al Congreso o la irregularidad de que ninguno de los directores del Banco Central tiene acuerdo del Senado pues ni siquiera fueron a la Comisión pertinente.
En relación al Poder Judicial es preocupante la consolidación de una casta judicial al servicio de la impunidad del poder. Mientras jueces que se destacaron por su coraje en resistir las presiones políticas ante graves hechos de corrupción y que luego de largos años de procesos en que las chicanas trataban de evitar las condenas de los responsables del gigantesco saqueo orquestado por el matrimonio santacruceños, lograron condenar a varios responsables de esos delitos, son apartados de sus cargos al cumplir los setenta y cinco años. Pero otros que son parte del sistema de impunidad son premiados, como el caso del padre del ministro de Justicia que está manejando sin que nadie se interponga este mamarracho.
La derogación del decreto 202/ 2003 significa que la sociedad será una simple espectadora en la designación de los Jueces de la Corte Suprema. Ese decreto dando la participación a la sociedad fue clave para evitar que un juez cómplice de la corrupción como Ariel Lijo llegara a la Corte Suprema. Ahora candidatos así tienen casi asegurada su designación.
El Consejo de la Magistratura, concebido para despolitizar la justicia, se ha desvirtuado y con ello el cambio que se percibía cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley 26080 promovida por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora en el gobierno de su esposo. Esa Ley le daba el control total a los gobiernos con el resultado que los que aprobaban los exámenes eran desplazados por candidatos de escasos antecedentes académicos, profesionales y éticos pero serviles al poder nacional y al caudillaje provincial de turno.
Hace días con el escándalo suscitado por el manejo de los fondos de la AFA con el accionar sospechado de delictivo de su titular Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, presunto testaferro del senador Zamora, ha quedado al desnudo la complicidad del gobierno con la impunidad a través del ministro Mahiques, cuyo padre celebraba los cumpleaños en la quinta a nombre de personal de servicio y de la que nadie quiere asumirse como dueño.
Los jueces promovidos a cargos encargados de tramitar causas delicadas, como Libra y Andis, vinculadas con la secretaria general de la Presidencia —quien evidentemente concentra el manejo del Poder Ejecutivo nacional—, forman parte del entramado de relaciones de los directivos de la AFA. Por eso, los magistrados que intentaban investigar seriamente las cuentas de la central del fútbol argentino fueron apartados, con el propósito de que la causa recayera en un juzgado que ofreciera tranquilidad a esos dirigentes.
Un gobierno sin transparencia y sin calidad institucional influye en la baja tasa de inversión que soporta el país y que explica la falta de crecimiento de la economía más allá de sectores puntuales que son importantes porque aseguran en el futuro la llegada de divisas en cantidades cuantiosas, pero esto en un país de cincuenta millones de habitantes y casi tres millones de kilómetros cuadrados son insuficientes, además de que debemos cuidar de no convertirnos en una economía de “enclaves”.
Una economía en el que le va bien a los que generan trescientos mil trabajos y mal a los que crean ocho millones de empleos exige replanteos.
Un país en el que los gobernantes pretenden una justicia al servicio de la impunidad como está montando Mahiques siguiendo ejemplos del menemismo y del kirchnerismo tampoco contribuye a la recuperación del país.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
