Las autoridades de Países Bajos han confirmado la aplicación del primer procedimiento de eutanasia a un niño perteneciente al grupo de edad de entre 1 y 12 años.
La ministra de Salud, Sophie Hermans, confirmó que el procedimiento se realizó tras constatar un cuadro de enfermedad incurable y sufrimiento insoportable.
Las autoridades de Países Bajos han confirmado la aplicación del primer procedimiento de eutanasia a un niño perteneciente al grupo de edad de entre 1 y 12 años.
Este hecho ocurre tras la entrada en vigor, en febrero de 2024, de la ampliación normativa que permite el fin de la vida en menores que padezcan enfermedades terminales e incurables.
La ministra de Salud, Sophie Hermans, fue la encargada de informar al Parlamento sobre este caso, tras recibir la notificación de la comisión evaluadora a finales del año pasado.
Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la identidad, la edad exacta o la patología del menor, se confirmó que el expediente ya fue analizado por los expertos y remitido a la Fiscalía para asegurar que el facultativo actuó bajo los estrictos márgenes de la ley.
La legislación vigente establece requisitos rigurosos para acceder a este procedimiento en menores de 12 años. El menor debe estar en fase terminal de una enfermedad incurable, debe existir un sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejoría y también es imprescindible el consentimiento de los padres.
Antes de esta reforma, el marco legal neerlandés solo contemplaba la eutanasia para recién nacidos (bajo el Protocolo de Groninga) y para menores a partir de los 12 años.
Al aprobarse la extensión, las autoridades estimaron que cerca de cinco niños al año podrían cumplir con estas condiciones, generalmente afectados por anomalías congénitas o enfermedades metabólicas graves.
La implementación de esta ley ha generado un intenso debate ético y político en la sociedad neerlandesa. Mientras que sectores conservadores y confesionales han cuestionado la regulación, las asociaciones médicas han defendido la necesidad de este amparo legal para abordar situaciones de sufrimiento extremo que antes quedaban en un vacío jurídico.
De manera paralela, el informe anual de la comisión reveló que en 2025 se registraron tres interrupciones tardías del embarazo debido a daños cerebrales severos por citomegalovirus. En dichos casos, se determinó que los médicos actuaron conforme a la ley, dado que los fetos habrían nacido con discapacidades neurológicas profundas y dependencia total.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha iniciado procesos penales contra los médicos involucrados en ninguno de los casos examinados por la comisión.