La justicia investiga si la funcionaria, que alegó un problema de salud mental, ejerció como naturópata y ganó un premio de cosmética estando de baja.
Le dieron baja por enfermedad durante 17 años, pero tenía una actividad paralela.
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Una profesora de 62 años de la escuela secundaria vocacional de Wesel impugnó ante la justicia alemana su jubilación forzosa. La docente recibía mensualmente entre 5.000 y 6.000 euros de sueldo íntegro a pesar de encontrarse de baja debido a su licencia por enfermedad desde 2009.
La mujer, funcionaria de la escuela de Wesel en Renania del Norte-Westfalia, solicitó la baja debido a un problema de salud mental. Bajo la normativa de esta región alemana, los empleados públicos de carrera reciben su sueldo de forma íntegra e indefinida, por lo que siguió cobrando entre 5.051 y 6.174 euros mensuales sin interrupciones.
Durante casi diecisiete años, la profesora logró evitar las visitas de los inspectores médicos debido a que la administración estatal nunca ordenó una inspección formal sobre su estado de salud. La desconexión institucional fue tal que el director actual del establecimiento de Wesel ni siquiera sabía el nombre de la maestra.
Al mismo tiempo, la justicia alemana mantiene abierta una investigación sobre su desempeño comercial durante este prolongado período. El medio Bild informó que se sospecha que la mujer ejerció de manera activa como naturópata. Incluso, en 2011, desarrolló junto a una socia una crema cosmética que obtuvo un premio de 5.000 euros.
El proceso administrativo cambió de rumbo en abril de 2025, cuando la docente fue citada finalmente a una revisión obligatoria. Ella intentó impugnar el examen ante los tribunales para evitar el control, pero la justicia rechazó su apelación y determinó que no era factible su retorno laboral a corto plazo.
Por consiguiente, la prefectura de la región ordenó la jubilación definitiva de la funcionaria a finales de mayo de 2026. Sin embargo, la administración dispuso concederle únicamente la pensión mínima, medida que le genera una pérdida directa de entre 1.500 y 2.000 euros cada mes en su cuenta bancaria.
Ante esta drástica reducción de ingresos, la docente inició acciones legales el pasado mes de junio contra la jubilación forzada. La demandante busca revertir el decreto administrativo para conservar su salario íntegro, mientras la fiscalía profundiza en las pruebas de su ejercicio profesional no autorizado como naturópata durante su larga convalecencia.
