La retención de los animales se prolongó diez meses debido a un conflicto técnico con el fabricante del test de ADN en plena investigación.
La dueña atravesó diez meses de incertidumbre sobre el destino final de sus mascotas.
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La policía de Dinamarca incautó tres perros a la ciudadana Ayda Jameian bajo la sospecha de pertenecer a una raza prohibida. Sin embargo, tras diez meses de análisis genéticos, las autoridades confirmaron la legalidad de los animales y los devolvieron a su dueña, enviándole una factura de 27.000 euros por la estadía.
El operativo policial se desplegó en la primavera de 2025 en el domicilio de Jameian, cuando los agentes retiraron a las mascotas ante la presunción de que se trataba de ejemplares de American Bulldog, una raza cuya tenencia está prohibida en suelo danés. La confusión se originó por la similitud física que mantiene dicha variedad con los American Bullies, una categoría de canes que sí cuenta con autorización legal en el país escandinavo.
La verificación biológica que debía demorar unas pocas semanas se extendió de manera desmedida por un imprevisto legal y técnico. En julio de 2025, el fabricante del test genético estándar utilizado por la fuerza policial proscribió el uso gubernamental de sus kits para la determinación oficial de razas caninas. El expediente permaneció bloqueado hasta que, mediante una queja ante el Presidium Nacional de Policía, se autorizó la aplicación de un procedimiento alternativo proveniente de Estados Unidos.
Los resultados definitivos demostraron que los tres animales pertenecían efectivamente a la raza American Bully, confirmando su estatus legal y habilitando el retorno inmediato a su hogar. Pese al desenlace favorable, la policía danesa remitió a la propietaria una liquidación oficial de aproximadamente 200.000 coronas danesas, equivalentes a unos 27.000 euros, para cubrir los gastos de alojamiento y atención veterinaria acumulados durante la custodia.
La notificación económica provocó una profunda indignación en la familia afectada, que atravesó diez meses de incertidumbre sobre el destino final de sus mascotas. Jameian expresó su malestar ante los medios locales remarcando el impacto emocional sufrido: "Ya pagamos un precio muy alto por la decisión de llevarse a los perros; vivimos con el miedo de perderlos y nuestra familia se vio gravemente afectada". Asimismo, calificó como "difícil de entender" que la carga financiera de la larga tramitación del caso recaiga sobre ella.
La afectada elevó un reclamo formal con el asesoramiento de la organización Bully Care Union para impugnar la factura y exigir explicaciones a las autoridades. A pesar de haberse ratificado la inocencia y la legalidad de la tenencia, Jameian criticó que el organismo policial no ofreció disculpas públicas ni contempló una compensación económica por los perjuicios ocasionados.
