El Cabildo de Gran Canaria implementó un sistema de altavoces trilingües y patrullas con drones para proteger un ecosistema de 403 hectáreas frente a la erosión.
Drones vigilan a turistas en las dunas.
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El Cabildo de Gran Canaria intensificó la vigilancia en la reserva natural de las Dunas de Maspalomas mediante el uso de drones, patrullas policiales terrestres y megáfonos. La drástica medida busca frenar el impacto ambiental de los visitantes y sancionar económicamente a quienes caminen fuera de los senderos autorizados.
El área protegida abarca 403,9 hectáreas y cuenta con unos ocho kilómetros de senderos diseñados para el tránsito peatonal. Sin embargo, el ecosistema sufre un desgaste alarmante: pierde aproximadamente 45.000 metros cúbicos de arena cada año. Para intentar mitigar este retroceso, el proyecto de restauración ambiental Masdunas ya reintrodujo unos 60.000 metros cúbicos de arena en el circuito, lo que justifica el endurecimiento de los controles gubernamentales.
La mayor afluencia de infractores se registra durante la caída del sol. Datos del proyecto Impulsa Maspalomas indican que unos 1.000 visitantes diarios se concentran en el Mirador de las Dunas durante las horas de mayor intensidad, estimándose que entre 150 y 300 personas solían desviarse de las rutas permitidas en ese horario. Ante esto, el dispositivo especial reforzó las patrullas conjuntas de agentes de medio ambiente, la unidad Seprona de la Guardia Civil, la Policía Canaria y la policía local de San Bartolomé de Tirajana.
Quienes desobedezcan la señalización o acampen en la zona protegida se enfrentan a multas que parten de los 150 euros, aunque la normativa ofrece un descuento del 20 por ciento por pago anticipado. Solo durante 2024, las autoridades labraron 200 actas de infracción por tránsito no autorizado. Las restricciones también aplican rigurosamente para el uso de tecnología recreativa: volar drones sin autorización dentro del espacio reservado o realizar producciones fotográficas comerciales sin permiso ya generó sanciones en operativos previos.
El plan preventivo combina la presencia física de los agentes con herramientas tecnológicas avanzadas. Desde fines de agosto, funciona un sistema piloto de altavoces que emite advertencias grabadas en español, inglés y alemán cada quince minutos durante los rangos horarios de mayor movimiento, de mañana y tarde. Raúl García Brink, responsable de medio ambiente del Cabildo, detalló que la estrategia busca amparar un entorno sumamente frágil a través de la concientización activa y la vigilancia aérea, descartando que se trate de una persecución sistemática contra los veraneantes.
Esta rigurosa política de preservación se alinea con una transformación más amplia en el sector de servicios de España, orientado formalmente a atraer visitantes de mayor calidad y menor impacto ambiental en un país donde la actividad representa el 12,6 por ciento del Producto Bruto Interno. "La mayoría de los visitantes respeta las indicaciones, pero una minoría irresponsable persiste en ignorar los senderos", remarcó Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. La tendencia restrictiva se replica en otras playas de la costa española, donde las multas por utilizar jabón en las duchas costeras llegan a los 750 euros.
