En las últimas horas, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a una pena de 42 meses (tres años y medio de cárcel) a Paul Oswald Morani. El empresario estadounidense y nacionalizado argentino se había declarado culpable hace tres meses. La causa: operar sin licencia un negocio de transferencia de dinero hacia Estados Unidos de USD 350 millones, para eludir las restricciones cambiarias impuestas en el país desde 2019. La maniobra involucró el uso de facturas falsas y empresas ficticias.
En sus argumentos para pedir que la pena no sea mayor a los 42 meses de prisión, la defensa recordó los dichos de Javier Milei. Cabe recordar que el presidente había elogiado públicamente a quienes facilitaron el acceso al dólar durante los años de cepo cambiario, calificándolos de “héroes del libre mercado”. Sus declaraciones al respecto se dieron el 19 abril de 2024, ante empresarios en el Foro Llao Llao: “El que fuga es un héroe: logró escaparse de las garras del Estado”.
Moroni llegó a la sentencia en libertad, ya que había logrado por parte de la jueza Beth Bloom 45 días libres antes de empezar a cumplir la pena que finalmente le impuso la magistrada. Aún no se conoce a qué penitenciaría será trasladado el nacido en Nueva York y criado en Argentina, pero sí que deberá presentarse a cumplirla en junio próximo. Además, lo multó con 40 mil dólares.
En 2024, cuando fue imputado, el empresario que vive en Miami había sido acusado de conspiración y lavado de dinero. Pero esos cargos fueron desestimados ante el acuerdo con los fiscales de febrero pasado, en donde aceptó su culpabilidad y se coincidió en que una pena menor a 42 meses era insuficiente. La fiscal Monique Botero, representante de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en ese entonces le dio la derecha a la defensa de Moroni sobre al contexto del cepo en Argentina y acordó imputarlo solo por “operar como transmisor de dinero sin licencia”.
La jueza Beth Bloom
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En ese marco, la defensa de Moroni alegó ante la jueza Beth Bloom que el caso es un delito de carácter regulatorio y no de blanqueo de capitales. De hecho, las investigaciones del Departamento de Justicia solo identificaron una transacción —por 30.000 dólares— supuestamente asociada a actividades ilícitas, lo que representa el 0,0086% del total de dinero transferido.
Según la legislación vigente, los representantes del Gobierno de Estados Unidos se reservaron el derecho a pedir cinco años de cárcel para Morani, ya que siguió con su actividad ilegal luego de haber sido interrogado por investigadores en 2021, según Law360. Pero la jueza se quedó con el pedido de la defensa del imputado, de que la condena no sea mayor a los 42 meses de prisión.
“Paul Morani es ciudadano americano, pero su historia y su corazón son argentinos. Fue condenado por ayudar a los argentinos a acceder a dólares en un momento en que el gobierno de Alberto Fernández había cerrado todas las puertas al libre mercado. No lavó dinero ni cometió fraude, sólo ayudó a la gente común a proteger sus ahorros. Hoy, el propio presidente Javier Milei ha reivindicado a personas como Paul como ‘héroes que escaparon de las garras del Estado’. Esa es la verdad, y agradecemos a la jueza por haber reconocido el contexto único de este caso”, fueron las palabras de Martín De Luca, socio de Boies Schiller Flexner LLP.
“Los factores agravantes son que, con su conducta, usted ciertamente atacó la integridad de nuestro sistema financiero”, le dijo la jueza Bloom a Morani en base a lo publicado por Law360. Y siguió: “Usted era consciente de que su conducta era delictiva y, aun así, continuó con sus actividades ilegales”.
Según la acusación de la fiscal Botero, Morani estableció o dirigió la creación de varias empresas de fachada, registradas como compañías de importación-exportación o transporte de carga, que en realidad no tenían actividad comercial legítima. A través de estas empresas ficticias se transferían fondos desde Argentina a sus cuentas bancarias en EEUU, para luego ser reenviados casi de inmediato. El mecanismo incluía la generación de facturas falsas con el fin de evadir las restricciones cambiarias del país.
El acusado había gestionado desde los años 90 empresas de logística como Top Cargo, con sedes en Miami, Buenos Aires, Brasil y Chile. Tras declararse en quiebra en 2009 y reconstruir su actividad empresarial, reanudó operaciones vinculadas a exportaciones entre Chile, Argentina y el resto del mundo.
