La regulación penaliza a los organizadores de trampas electrónicas y acorta a 12 días la espera para rendir nuevamente a quienes reprueben sin fraude.
Cambian reglas para sacar la licencia de conducir luego de hacer trampa.
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Una reforma en la legislación de tránsito cambia las reglas y endurece las sanciones contra quienes intentan trampear el examen teórico de conducir mediante dispositivos tecnológicos. La normativa extiende la inhabilitación de nueve a 18 meses para los postulantes descubiertos y persigue penalmente a las organizaciones que facilitan asistencia remota no autorizada durante la prueba.
El cambio legal responde al incremento de maniobras donde los aspirantes emplean equipos electrónicos ocultos para recibir respuestas desde el exterior del aula de evaluación. De acuerdo con las nuevas disposiciones publicadas en la actualización reglamentaria, si la prueba se interrumpe o invalida por este motivo, el responsable enfrentará "una nueva regla que te bloquea durante 18 meses para el carnet de conducir" antes de tramitar una reevaluación.
El texto legal no limita su accionar únicamente a los postulantes sorprendidos en infracción durante la evaluación. Por primera vez, el marco normativo incorpora figuras penales destinadas a sancionar a quienes ofrecen, coordinan o ejecutan la asistencia técnica desde el exterior, con el objetivo de desarticular la estructura logística y económica detrás de estas maniobras de engaño.
En contraposición al rigor impuesto sobre las trampas digitales, la regulación otorga un beneficio concreto a los estudiantes que no aprueban bajo vías regulares. Aquellos que reprueben el examen teórico o práctico de forma convencional podrán solicitar una nueva fecha al cabo de solo doce días, achicando el plazo de dos semanas que se exigía anteriormente para la mayoría de las categorías.
La reestructuración normativa incluye asimismo modificaciones sustanciales en los esquemas de renovación para el transporte pesado y de pasajeros. Para los conductores de camiones y colectivos que superan los 60 años de edad, se suprimió la exigencia de renovar sus registros de categorías C y D cada dos años, fijando en su lugar una vigencia estándar de cinco años salvo observaciones de salud específicas.
Esta serie de disposiciones articula un estándar más severo frente al delito informático en los exámenes y simplifica las instancias administrativas para el conjunto de los conductores y trabajadores del volante.
