Una brecha del 82% en el valor de la hora profesional, la imposibilidad de acceder a concursos estatales y la sobrecarga horaria frente a colegas que cumplen funciones similares son parte del reclamo que vienen sosteniendo, desde hace más de una década, los licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia de Mendoza. En tanto, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados argumentan que el proyecto de Ley de Carrera no avanzó por falta de consenso con el Ministerio de Hacienda, ya que –afirman– el conflicto se redujo a una discusión salarial. Mientras tanto, el expediente duerme en la Legislatura, aunque este viernes un petitorio impulsado por el Observatorio de Niñez buscará reabrir el debate legislativo.
Es que quienes se licenciaron en la carrera de Niñez, Adolescencia y Familia de Mendoza denuncian una situación de desigualdad que arrastran desde hace años: a pesar de cumplir funciones similares a las de otros profesionales de la Salud en el Estado, como los médicos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, e incluso técnicos en Psicología Social, no cuentan con una Ley de Carrera propia que regule su ejercicio profesional.
El problema de base se debe a que el resto de los profesionales de la Salud están incluidos en el régimen 27 –una categoría dentro del escalafón salarial del Estado provincial– y trabajan 24 horas semanales, mientras que los licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia cumplen jornadas de 40 horas semanales y con sueldos apenas inferiores en términos absolutos.
Una de las mayores desigualdades, aseguran desde el Observatorio, es precisamente esta diferencia en la carga horaria y el reconocimiento económico por la tarea profesional. En una de las áreas más conflictivas del sistema (abordaje de jóvenes judicializados, por ejemplo), por ejemplo, un profesional bajo régimen 27 puede cobrar cerca de dos millones de pesos por 24 horas semanales, mientras que un licenciado en Niñez y Familia cobra un poco menos, además de trabajar 40 horas por semana. Esto genera una diferencia del 81,8% en el valor de la hora profesional. Los salarios, si bien varían según la repartición, la brecha por hora trabajada es constante.
Al no contar con una ley de carrera propia, estos profesionales no pueden acceder al régimen horario ni participar en concursos judiciales, educativos ni en áreas de salud que exigen estar escalafonados en el Régimen 27. “En el ámbito educativo podemos acceder a concursos, pero en categoría B o C, o en el cuarto llamado, como si no tuviéramos formación profesional de grado”, detalla Hilda Fadín, directora del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia y exdirectora de la carrera de licenciatura homónima en la Universidad del Aconcagua.
Una licenciada que trabaja desde hace casi dos décadas en el Estado provincial, y que pidió reservar su identidad, contó a Los Andes que la situación es cada vez más precaria. “Trabajamos en zonas de riesgo, con intervenciones sociales complejas, pero cobramos como técnicos y sin posibilidad de crecimiento. Si bien cobramos el título porque es ley, no cobramos por antigüedad como corresponde y la jubilación queda igual de desfasada. Hacemos el trabajo conjunto con colegas de otras disciplinas que están en Régimen 27, pero claramente no cobramos lo mismo. Es injusto”, relató la experta, en referencia a psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, e incluso técnicos en Psicología social que tienen su ley de carrera.
Por qué se frenó el proyecto de ley
El proyecto de ley de carrera fue aprobado por el Senado provincial en 2014, pero se encuentra sin avances en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados desde hace dos años. Según explicó su presidente, Jorge López, el expediente fue tratado en varias reuniones con representantes de la carrera, con empleados de otras áreas del sector público y hasta con el sindicato de trabajadores del Estado. En esa instancia se evaluaron modificaciones al texto original, pero el debate quedó reducido al cambio de escalafón, lo que trabó porque no había consenso con el Ministerio de Hacienda.
“El resto de los artículos eran interesantes, pero los licenciados no estaban de acuerdo con que se aprobara la ley sin el cambio de escalafón que impactaba en lo salarial. Desde el Ejecutivo no lo aprobaban y lógicamente no había acuerdo para sacar un proyecto de ley que autorizara ese cambio de escalafón. Por eso quedó trabado”, resumió el legislador ante la consulta de Los Andes.
Frente a ese estancamiento, el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia decidió volver a activar el reclamo. Este viernes entregará formalmente un nuevo petitorio en la Cámara de Diputados, firmado por decenas de profesionales, donde se insiste en la necesidad de adecuar el proyecto sobre la ley de carrera, y garantizar derechos laborales básicos para una disciplina que, paradójicamente, está cada vez más demandada por el propio Estado.
A mayor crisis, más población en riesgo
El reclamo cobra mayor relevancia en un contexto de creciente crisis social. La demanda en áreas de protección de derechos se multiplicó por el impacto económico en las familias, la violencia intrafamiliar, el consumo problemático y la fragilidad de las redes de contención. De hecho, aunque los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) del Estado siguen funcionando y cumpliendo su tarea, la demanda es tan alta que se han firmado convenios con más de 40 organizaciones civiles para acompañamiento familiar, abordaje territorial y seguimiento de casos.
Fabiana Calabró, licenciada en Niñez, Adolescencia y Familia, trabaja en el Ministerio de Salud desde 2008 y relata que muchos de sus compañeros ni siquiera pueden cargar intervenciones psicosociales en las historias clínicas de los adolescentes en conflicto con la ley penal. “No podemos cargar las historias clínicas cuando tenemos una intervención técnica psicosocial muy fuerte en el abordaje de niños y adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. Es una inequidad laboral”, advierte.
También señala que, en su experiencia con adolescentes en conflicto, el deterioro social, por un lado, y el abandono estatal en ciertas políticas de promoción de la salud, por el otro, es evidente. “Los chicos están atravesados por el consumo, la deserción escolar, la falta de oportunidades. Hay barrios donde el narcotráfico es la única opción de subsistencia. Y la promoción de derechos, la atención primaria, todo eso se fue debilitando”, afirma.
Entre los temas urgentes que, según los especialistas, deberían estar en agenda pública se destacan el riesgo de delincuencia juvenil, el bullying, el ciberacoso, el consumo problemático, la violencia intrafamiliar y la negligencia parental, además de la falta de programas de fortalecimiento familiar. “Muchos padres no tienen herramientas para ejercer su rol. Pero eso se trabaja. No están condenados por su condición socioeconómica. Hay factores protectores que se pueden fortalecer, pero eso requiere profesionales formados y reconocidos”, completó Fadín.
