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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que convocará a una Asamblea Nacional Constituyente "originaria" para refundar las estructuras del Estado y derrotar el "golpe de Estado" que sus opositores habrían desatado en su contra tras un mes de protestas callejeras.
“Hoy, primero de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional de acuerdo al artículo 347 (de la Constitución) convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Maduro durante un acto proselitista en el centro de Caracas.
“Yo convoco al poder Constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar a la violencia fascista”, manifestó el presidente, que ha enfrentado un mes de protestas opositoras que han dejado un saldo de 30 fallecidos y centenares de heridos y detenidos.
Maduro indicó que activará una "Constituyente ciudadana, no de partidos políticos", por lo que la misma sería"electa con el voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas, aproximadamente", al tiempo que "unos 200" serían elegidos directamente por los movimientos sociales como los sindicatos, el "poder popular", los indígenas, grupos de la "sexodiversidad" o las mujeres organizadas.
Sin embargo, el gobernante no aclaró si la Constituyente se encargaría de redactar una nueva Constitución o se limitaría a reformar la actual Carta Magna, aprobada por referéndum en diciembre de 1999 tras un proceso convocado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el padre de la Revolución Bolivariana que ahora lidera Maduro.
Maduro sostuvo que la Asamblea Constituyente tendría como objetivo “reformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional (Congreso unicameral) podrida que está allí”, que cuenta con una clara mayoría opositora tras las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.
Tras juramentarse la nueva Asamblea Nacional en enero de 2016, la oposición prometió que su principal objetivo sería sacar a Maduro de la presidencia ese mismo año activando un referéndum revocatorio en su contra, pero finalmente los tribunales terminarían anulando el proceso.
Paralelamente, la instalación de la Asamblea Nacional derivó en un choque entre el Legislativo y los demás poderes del Estado, a los que la oposición acusa de estar subordinados a Maduro, lo que derivó en que el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara al Parlamento en “desacato” por juramentar a tres diputados cuya elección había sido suspendida por el propio máximo tribunal.
El “desacato” causó que la virtual totalidad de las decisiones emanadas desde la Asamblea Nacional hayan sido anuladas por el Poder Judicial, por lo que la oposición ha denunciado que Maduro ha llevado adelante un “golpe de Estado continuado” o un “autogolpe” contra el Parlamento.
Para reducir las tensiones, la Unasur con el apoyo del Vaticano intentó activar un proceso de diálogo político entre la oposición y el Gobierno, pero el mismo terminó en un fracaso por la falta de concesiones de ambos bandos.
La oposición ha exigido al Gobierno liberar a los llamados “presos políticos”, restituir las competencias de la Asamblea Nacional, permitir la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela y una salida electoral a la crisis, pero Maduro descartó acceder a estas peticiones por considerar que eran inconstitucionales.
Maduro aseguró que el objetivo de la Constituyente sería plasmar en la Constitución y las leyes los derechos sociales ganados durante la revolución bolivariana como las misiones de salud, el acceso universal a las pensiones o el derecho a la alimentación y las tierras para los campesinos.
El mandatario subrayó que tomó esta decisión “para ganar la paz, para vencer el golpe de Estado”, ya que “un golpe de Estado como el que está activado sólo se derrota con la unión cívico-militar y la Constitución en la mano”.
Maduro señaló que firmará el decreto que establecería la Comisión Presidencial Constituyente liderada por el dirigente oficialista Elías Jaua, para que “lleve la propuesta a consulta de las bases populares de todo el sistema de elección y se establezca con claridad el poder plenipotenciario de este poder”.
Francisco pide diálogo
El Papa Francisco pidió a los líderes del gobierno y de la sociedad de Venezuela que eviten más violencia en el país, aludiendo al creciente número de fallecidos, heridos y presos.
Francisco dijo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro el domingo que, unido a las familias de las víctimas en su dolor, hacía un llamado sincero “al gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite toda forma de violencia, se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas”.
Los venezolanos están cansados de las graves “crisis humanitarias, sociales, política y económica” que afligen al país, agregó el Pontífice. Las tensiones políticas en Venezuela se han intensificado luego de dos sentencias que el Tribunal Supremo emitió a fines de marzo, en las que asumió las atribuciones de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los legisladores.
Fallo contra petrolera
El gobierno de Venezuela, bajo presión por opositores y países críticos, obtuvo el lunes un respiro en Estados Unidos, donde la Corte Suprema falló en contra de una empresa petrolera estadounidense expropiada en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez.
En su fallo unánime, el máximo tribunal rechazó los motivos con los cuales la firma Helmerich & Payne International Drilling Company pretendía entablar una acción judicial contra Caracas.
Basada en el estado de Oklahoma (centro), Helmerich & Payne acusaba a Venezuela de haber expropiado ilegalmente once torres petroleras de perforación, cuando fue nacionalizada en 2010.
El meollo legal era precisar bajo cuáles condiciones se podía enjuiciar ante un tribunal estadounidense a un Estado soberano, en este caso la República Bolivariana de Venezuela.
