La madre de una mujer despedida por la diputación provincial de León, en el norte de España, confesó el asesinato de la presidenta conservadora de esta provincia,
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La madre de una mujer despedida por la diputación provincial de León, en el norte de España, confesó el asesinato de la presidenta conservadora de esta provincia,
, anunció este miércoles una fuente próxima a la investigación.
María Montserrat González Fernández, de 55 años, y su hija Montserrat Triana Martínez González
, de 35, habían sido detenidas el lunes, poco después de producirse el crimen.
Inmediatamente, el ministerio del Interior señaló que el asesinato había sido una "venganza personal" por el despido de la hija, que trabajaba en la diputación de León presidida por Carrasco.
"La madre ha confesado haber sido la autora material del asesinato y ha confesado también que llevaba dos años planeando cometer una acción de este tipo", afirmó a la AFP una fuente próxima a la investigación.
Una tercera persona, una policía municipal que entregó el martes el revólver del crimen a los investigadores, fue imputada en el caso, señaló esta fuente sin más precisiones dado que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario judicial.
Conocida por su fuerte carácter, Isabel Carrasco, de 59 años, presidenta de la diputación de León y líder del gobernante Partido Popular en la provincia, fue asesinada a tiros el lunes en plena calle de León.
Este crimen causó estupor en España, poco acostumbrada a este tipo de ataques desde el fin de la violencia de la organización separatista vasca ETA, que atentó frecuentemente contra políticos entre los años 1990 e inicios de 2000.
El PP del jefe de gobierno Mariano Rajoy y el partido socialista, principal formación de la oposición, interrumpieron los actos de campaña por las elecciones europeas y rindieron homenaje a Carrasco, enterrada el martes en León.
Según una fuente del ayuntamiento, Montserrat Triana Martínez, hija de un inspector jefe de la policía nacional en la zona, había trabajado como interina en la administración provincial de León hasta 2011, cuando su puesto fue adjudicado a otra persona.
La diputación de León le reclamó entonces 12.000 euros de un complemento salarial que había recibido indebidamente. Tras una serie de juicios, Martínez tuvo que devolver el dinero, lo que le generó "serios problemas económicos", según la misma fuente.
Las dos detenidas eran militantes del Partido Popular local.
