Tras casi 16 meses intervenido y con constante custodia policial en su interior, el instituto Próvolo volvió a sus dueños. Se trata de la asociación Obra San José, quienes figuran como propietarios del imponente inmueble ubicado en Boedo 385 (Carrodilla) y que nada tiene que ver con la asociación homónima de Buenos Aires. Por medio de un convenio, la comisión directiva de la entidad local había cedido las instalaciones a la Compañía de María para la Educación de Sordomudos, la orden religiosa de la que depende el Próvolo a nivel mundial (con sede central en Verona -Italia- y otra sede en la Plata) para que allí funcione el instituto para chicos sordos Antonio Próvolo, y sus albergues.
El imponente inmueble lujanino se encontraba intervenido judicialmente desde fines de noviembre del 2016, luego de que llegaran a la Justicia las primeras denuncias sobre presuntos abusos sexuales que habrían sido cometidos en el lugar contra chicos sordos que estudiaban y dormían en el lugar. Luego de que las víctimas mendocinas se animaran a relatar la pesadilla que -sostienen- vivieron mientras estuvieron en el lugar, la Justicia dispuso la intervención y el cierre del establecimiento. En simultáneo, se conocieron detalles de episodios similares ocurridos en la sede platense del instituto para chicos sordos, y que también involucraron a los dos curas hoy imputados y detenidos por la causa en Mendoza: Nicola Corradi y Horacio Corbacho.
Luego de que en las últimas horas el propio fiscal Gustavo Stroppiana -quien encabeza la investigación penal- dispusiera la devolución del inmueble a sus dueños, ahora será la comisión directiva de la Asociación Obra San José quien definirá el destino del establecimiento (que no cuenta con habilitación escolar ni como albergue). "Se reunirán en los próximos días y deberán definir qué se hace. Pero la decisión la tomarán ellos, ya que es la Asociación la propietaria", resumió el abogado Eduardo de Oro, quien efectuó judicialmente y en dos oportunidades la devolución por pedido de sus dueños.
"Hice la gestión a efectos de que se devuelva el inmueble a sus dueños. Y la Justicia hizo lugar, porque ya no quedaban más pruebas ni medidas pendientes que hacer en el lugar, consideró que ya se habían recabado los elementos suficientes. Porque el lugar se está deteriorando, ¿y quién se iba a hacer cargo de ello?. Tenerlo decomisado no tenía sentido", indicó el abogado a Los Andes.
Cuando De Oro hizo la primera presentación, aún no se realizaban los últimos rastrillajes que comandó Gendarmería con radares con geoposicionamiento. Por esta misma razón, el primer pedido fue rechazado. No obstante, hace unas 2 semanas lo repitió, y esta vez se hizo lugar.
"Estamos conformes con la decisión. Se trata de una cuestión bastante simple, la entrega del bien es algo cantado", acotó.
La decisión resulta un tanto llamativa, más teniendo en cuenta que una de las posibilidades era que la Justicia dispusiese el decomiso del inmueble para afrontar los gastos del proceso (algo que está contemplado en los artículos 23 y 29 del Código Penal).
