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La Corte Suprema de Justicia de México debatirá el uso de la marihuana con fines recreativos, con lo que un grupo de personas espera convertirse en las primeras en fumar cannabis legalmente y podría abrir la puerta para muchos que buscan la despenalización.
Francisco Torres Landa y otras cuatro personas crearon la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) para pedir autorización para sembrar, producir y consumir marihuana sin fines de lucro a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Ante la negativa de la comisión y tras una lucha legal en tribunales lograron llevar un amparo ante la Corte Suprema.
Los cinco ministros de la primera sala de la Corte discutirán el miércoles el proyecto de Arturo Zaldívar, un magistrado liberal que propone amparar a los cuatro quejosos con un dictamen que se basa en el respeto a los derechos humanos y a las libertades de autodeterminación de los demandantes.
Los cinco ministros se reunirán este miércoles en privado antes de iniciar la sesión pública y, según una fuente de este tribunal, por la trascendencia del tema algún magistrado podría proponer que la votación sea pospuesta para llevar el proyecto al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por once miembros.
“Esperamos que el análisis del proyecto propuesto encuentre eco” entre todos los jueces con un voto que “idealmente sea por unanimidad, pero con la mayoría nos basta”, dijo esperanzado a la AFP Torres Landa, un reconocido abogado que dirige también una organización civil contra la delincuencia.
Otras iniciativas favorables al uso de la marihuana han sido presentadas en el pasado en comisiones en la Cámara de Diputados, sin prosperar.
Gobierno opuesto
El presidente Enrique Peña Nieto ha expresado su oposición a una legalización de los estupefacientes en un país adonde la guerra contra el narcotráfico y pugnas entre cárteles de la droga han dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos en nueve años.
Su vocero dijo que el gobierno daría una posición solo después de una decisión de la Corte.
México se ha quedado atrás frente a otras naciones de América Latina, como Uruguay que legalizó su producción y venta en 2013; y Chile, que dio un paso en ese sentido en julio de este año, mientras que en Estados Unidos 23 estados han autorizado el cannabis para uso medicinal y cuatro para el consumo recreativo.
Una niña mexicana que sufre un grave tipo de epilepsia ganó una excepción a las leyes, convirtiéndose este mes en la primera persona en México en recibir una tratamiento a base de marihuana, luego de que sus padres ganaron recientemente una batalla legal para importar un aceite a base de canabidol tras el fallo el 17 de agosto de un juez federal.
Si la Corte determina que las leyes son inconstitucionales, el Congreso deberá modificarlas para “que estas no obstaculicen el ejercicio de derechos” de los ciudadanos, dijo de su lado Fernando Belaunzarán, político de izquierda.
Como ex diputado, Belaunzarán impulsó en la Cámara de Diputados varias iniciativas para despenalizar la marihuana con fines médicos y recreativos, pero estas leyes se quedaron dormidas.
El político consideró que esta legalización debió aprobarse desde hace mucho ante el “desastre” de la política prohibicionista que impera en México.
Miguel Ángel Mancera, alcalde de la superpoblada Ciudad de México, dio la bienvenida al debate sobre la despenalización de la marihuana y ha dicho incluso que la capital está lista para implementar el uso de la cannabis con fines médicos.
Denuncian ejecuciones policiales ilegales
México. Miembros de la policía federal de México habrían ejecutado ilegalmente al menos a 11 personas en dos episodios ocurridos este año en el estado de Michoacán, denunció ayer la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe. Varios testigos de esos sangrientos hechos, en los que murieron un total de 50 civiles, declararon “haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos”, indicó la ONG.
En tanto, “la reacción del gobierno ha consistido en negar los acontecimientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores”, denunció la ONG. “Ningún policía ha sido consignado” por los hechos registrados en Apatzingán el 6 de enero, con un saldo de ocho civiles muertos, y en Tanhuato el 22 de mayo, en el que murieron 42 personas y un policía, se añade en el informe.
Consultada una fuente de la Comisión Nacional de Seguridad, a la que pertenece la policía federal, indicó que por el momento no se harían comentarios sobre el informe.
