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Finalmente y tras casi un año en la Legislatura, se sancionó una Ley que obliga tanto a productores como bodegueros a celebrar contratos antes de que la materia prima ingrese a la bodega. Si bien desde el gobierno trabajan a contrarreloj para poder reglamentar la Ley antes de que arranque la nueva temporada, lo cierto es que ya se conocen algunos detalles de cómo serán las exigencias a cumplir.
1 Obligatorio y previo. Los contratos de uva serán de registración obligatoria y deberá realizarlo la bodega antes del primer ingreso de materia prima, momento en que se asignará un número de registro de contrato. Desde el gobierno sostuvieron que analizarán bien esta norma, porque quizás el registro previo puede terminar perjudicando al productor, en cuanto a las condiciones de compra de producto.
2 Cláusula gatillo. Según se desprende de la Ley, el contrato deberá contener: precios, formas de pago, calidad del producto y la cláusula de ajuste. Esta será será obligatoria para el caso de los contratos cuyos plazos de pago superen los no venta (90) días, contados desde la entrega del producto. Es decir, la mayoría de los contratos tendrán que tener esta cláusula de reajuste y que las bodegas se verán obligadas a respetar.
Desde el gobierno en off, aseguran que este no es un instrumento de precio, sino se trata de una herramienta para evitar cambios de condiciones una vez que se entrega la uva.
3 Multas. La ley establece una multa de 5% sobre el valor acordado. También se podrá clausurar a los establecimientos incumplidores, en caso de reincidencia
4 A la justicia, gratis. la ley establece que los productores gozarán del beneficio de litigar sin gastos desde su primera presentación y sin necesidad de trámite alguno. Pero se establecerá un proceso de mediación obligatoria, previo a la instancia judicial, a la que deben recurrir las partes en caso de controversias.
5 Informe de costos.Un mes antes del inicio de la cosecha de cada producto agrícola, la Autoridad de Aplicación, que según se supo podría ser tanto la Subsecretaría de Agricultura o Fiscalización y Control, publicará por medios de alcance general un informe sobre costos de producción para los distintos modelos tecnológicos.
Además, la Ley autoriza a celebrar convenios con organismos de carácter público y/o mixtos para encomendarles la elaboración del informe.
Cabe recordar que este tipo de contrato no pagará impuesto a los sellos, pero si deberá tener un ámbito donde se registre. En este sentido, según explicaron, la idea principal es lograr un acuerdo con la Bolsa de Comercio para que esta entidad la encargada del registro. No obstante, según explicaron todavía están trabajando para arribar a un acuerdo.
La vitivinicultura será la primer prueba piloto para luego reglamentar otras actividad como la frutícola, que tiene mayores niveles de informalidad, y en donde los abusos entre el industrial y el productor son aún más graves que los que se denuncian sobre las bodegas. Por ahora, los tiempos corren para que se llegue a la cosecha con esta ley en marcha.