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La primera dama de Perú fue impedida de salir del país por cuatro meses mientras es investigada por lavado de activos al supuestamente no declarar dinero recibido de Venezuela y empresas brasileñas usado en la campaña de su esposo, el presidente Ollanta Humala.
La decisión judicial adoptada el jueves también afecta a su hermano, Ilan Heredia, y a su amiga, Rocío Calderón.
La esposa del presidente deberá además acudir a firmar mensualmente ante un tribunal y reportar cualquier cambio de domicilio.
Los abogados de los tres investigados anunciaron que apelarán la medida.
Nadine Heredia deberá pagar, además, una garantía de 50.000 soles (unos 15.000 dólares) por la “naturaleza sumamente grave del delito investigado”, precisó el juez Richard Concepción, a cargo del caso, tras una audiencia de 14 horas que fue televisada.
La defensa de Heredia cuestionó que el caso se haya construido en base a la declaración de un “colaborador eficaz”, que confiesa a cambio de beneficios judiciales.
Parte de las indagaciones del fiscal se apoyan también en unas agendas de propiedad de la primera dama, con anotaciones de transferencias de dinero, reuniones con empresarios y posibles financistas.
En un primer momento, Heredia negó ser propietaria de esos documentos, pero luego admitió que se los habían robado y reconoció su escritura en las anotaciones.
Organización delictiva
El caso que impulsa la fiscalía llegó a tribunales el jueves, cuando faltan seis semanas para que finalice el mandato de cinco años del presidente Humala, en lo que constituye la primera vez que se involucra judicialmente a la esposa de un presidente en ejercicio. La acusación asegura que la esposa del mandatario simuló contratos con algunas empresas para justificar ingresos.
El fiscal Germán Juárez, autor del pedido, argumentó que “es palpable el riesgo de fuga de la señora Nadine Heredia estando cerca el fin del mandato de su esposo Ollanta Humala”. Según Juárez, la primera dama habría encabezado “una organización delictiva” que lavó el dinero que ingresó al Partido Nacionalista entre 2006 y 2011, año en que Humala aspiró con éxito a la presidencia.
El Ministerio Público busca determinar el origen de los fondos que financiaron esas campañas. La tesis de la fiscalía es que el partido gobernante consignó aportes falsos por 5 millones de soles (1,5 millón de dólares).
Los fondos para financiar esas campañas provinieron del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, señaló el fiscal.
