La industria productora de etanol sobre la base de maíz fue de las más dinámicas durante la última década en la provincia. Con inversiones que superaron los 400 millones de dólares, Córdoba se convirtió en la principal productora de este combustible renovable que se destina al corte obligatorio (12 por ciento) con las naftas que se venden en el mercado interno.
Sin embargo, las últimas determinaciones adoptadas por la Secretaría de Energía, entre las que figuran un cambio en la fórmula de calcular el valor del combustible y su congelamiento en septiembre,
Se estima que en Córdoba, la industria del etanol emplea a más de 400 personas en forma directa.
Números en rojo
Los 23,241 pesos por litro que la Secretaría de Energía fijó como precio de referencia en agosto para el etanol se mantuvo durante las entregas de septiembre. Con la salvedad de que el valor de “referencia” fijado por el Gobierno se convirtió en "mínimo", lo que abrió el juego de negociación entre la oferta y la demanda.
Sin embargo, desde la industria sostienen que las petroleras no sólo no trasladaron al valor del combustible que se usa para la mezcla el aumento del cuatro por ciento que recibió el 18 de septiembre, sino que postergaron cualquier negociación para octubre.
“Estamos decididos a negociar por encima de ese precio mínimo y a no despacharle a aquellas petroleras que no le convaliden un precio mayor. De lo contrario no podemos seguir trabajando”, aseguran desde las empresas proveedoras.
Con el 80 por ciento de sus costos dolarizados, las etanoleras aseguran que necesitarían al menos dos pesos más por litro para salir de la zona de quebrando. Lo ideal sería tener un valor de alrededor de 33 pesos por litro.
Debido a este cuadro de situación, las empresas que producen el combustible renovable en Córdoba se reunieron con funcionarios de la Provincia. Si bien es el Gobierno nacional el que regula la actividad, el encuentro fue para aunar criterios y buscar canales para el reclamo, aseguraron empresarios que asistieron a la reunión.
En la última resolución 552/2019 de la Secretaría de Energía, a través de la cual se congela el precio del petróleo que recibirán las petroleras durante septiembre, el Gobierno ofrece a las empresas productoras de etanol de maíz y de caña de azúcar, como así también a las proveedores de biodiesel para la mezcla con el gasoil una compensación del seis por ciento a cambio de una "renuncia a todo derecho o reclamo administrativo”, antes los sucesivos cambios en las reglas de juego para el sector.
Algunas cámaras han hecho caso omiso a esta oferta y han iniciado acciones judiciales contra algunos funcionarios públicos. Tal es el caso de la Cámara Sucroalcoholera Argentina (CAS), que nuclea a los ingenios azucareros con epicentro en Tucumán, que presentó una acción penal contra el titular de Energía, Gustavo Lopetegui.
Por Alejandro Rollán - La Voz
Si querés recibir información exclusiva sobre campo y agroindustria, suscribite a nuestro resumen semanal de noticias aquí