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La justicia española ordenó este miércoles el ingreso en prisión del expresidente regional de Baleares, el conservador Jaume Matas, y de un exgobernante provincial, Carlos Fabra, también del conservador Partido Popular, en el poder en España, por casos de corrupción y fraude.
Matas, que fue ministro de Medio Ambiente en el gobierno de José María Aznar entre 2000 y 2003, había sido condenado en 2012 a seis años por malversación y tráfico de influencias, aunque su pena fue reducida posteriormente a nueve meses por el Tribunal Supremo.
Su condena cerró una de las ramificaciones del denominado caso "Palma Arena", por el nombre un velódromo de Palma de Mallorca cuya financiación está en el origen de un vasto escándalo de corrupción que salpicó a la derecha balear y en otra de cuyas ramificaciones están imputados la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su esposo Iñaki Urdangarín.
Matas ingresará en prisión después que la Audiencia Provincial de Palma rechazara dos peticiones destinadas a retrasar su encarcelamiento, según un auto judicial hecho público este miércoles.
Matas había solicitado que se suspendiera su ingreso en prisión mientras se resuelve una petición de indulto parcial que hizo al gobierno, después que el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy ya denegara una anterior petición de gracia realizada por el que fue presidente regional del archipiélago balear entre 1996 y 1999 y entre 2003 y 2007.
También había pedido retrasar su entrada en prisión hasta que el Tribunal Constitucional decidiera sobre una solicitud de amparo.
La Audiencia Provincial de Palma rechazó ambas solicitudes por lo que Matas, condenado por haber utilizado dinero público para pagar a un periodista, Antonio Alemany, que le escribía sus discursos y quien también fue condenado, deberá entrar en prisión.
En cuanto a Fabra, expresidente de la diputación provincial de Castellón, en el este del país, el Tribunal Supremo, máxima instancia penal española, confirmó una condena a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, por lo que también tendrá que ingresar en prisión, según fuentes judiciales.
Su condena en noviembre de 2013 concluyó un caso cuya instrucción duró diez años y que se había convertido en uno de los símbolos de los escándalos de corrupción que afectan a políticos españoles.
El caso surgió un 2003 cuando un empresario presentó dos denuncias en las que acusaba a Fabra de haberle cobrado comisiones por la concesión de contratos públicos para su empresa de productos fitosanitarios, y en 2005, Hacienda emprendió acciones legales por un supuesto fraude fiscal entre 1999 y 2003.
Tras diversos avatares, el caso se cerró con la condena a Fabra por fraude fiscal, aunque fue absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
