A días del sobreseimiento de los tres docentes del instituto Normal Tomás Godoy Cruz, el procurador de la Corte Alejandro Gullé se refirió a la definición de este caso que generó polémica y varios cruces.
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A días del sobreseimiento de los tres docentes del instituto Normal Tomás Godoy Cruz, el procurador de la Corte Alejandro Gullé se refirió a la definición de este caso que generó polémica y varios cruces.
Gabriela Díaz, Miguel Sarmiento y Patrick Boulet, a fines de agosto fueron imputados por desobediencia, en medio de una protesta estudiantil que tuvo la toma del colegio.
Estos docentes mencionados habían recibido y firmado la notificación del memorándum enviado por el director general de escuelas, Jaime Correas, en el que se instaba a toda la comunidad educativa del instituto a desocupar el edificio en un horario determinado. La causa fue investigada durante todo un año y finalmente el fiscal Gustavo Fehlmann en una audiencia de esta semana solicitó desvincular a los acusados, a lo que adhirió la jueza Mirian Moltó.
"En ningún momento la jueza dijo que no hubo delito. Fueron sobreseídos porque pudieron demostrar que no estuvieron en el momento de la toma, se habían retirado del lugar", explicó Alejandro Gullé.
"Nadie cuestionó, ni siquiera la jueza, que la directiva que dio la DGE (Dirección General de Escuelas) no se cumplió. Que hayan sido absueltos no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. A la sociedad le tiene que quedar claro que tomar una escuela es un delito", completó el jefe de los fiscales.
El hecho se dio en medio de una protesta contra la aplicación del Decreto 530 que reformaba los institutos de formación docente y resoluciones posteriores.
