La crisis que ha “explotado” en Grecia en el último mes tiene raíces profundas en el tiempo. Data desde la creación misma de la Eurozona y de los desajustes en que fue incurriendo ese país, que se advirtieron más tarde (y cuando ya era tarde). Ocurrió por una perversa combinación entre el financiamiento barato para el país en virtud de su calidad de miembro (tanto por parte de otros miembros comunitarios como del resto del mundo), la baja productividad de la economía que recibía esos fondos y el falseamiento de estadísticas de su situación fiscal y de deuda, que llevaron a silenciar toda alerta temprana.
Las similitudes con la situación de "bomba de tiempo" de Argentina en 2001 son importantes, aunque el desarrollo del episodio y su desenlace parece (por ahora) ser otro, si bien el fantasma del default y posible la salida de la Eurozona aún amenazan a los griegos.
En los últimos diez años, ante la crisis inminente, Grecia amenazó reiteradamente con salir de la Eurozona a partir de declaraciones altisonantes de sus políticos y masivas protestas populares, pero finalmente nunca lo hizo. El último intento fue a comienzos de 2015 encabezado por Alexis Tsipras (actual primer ministro), pero en estas horas parece haberse diluido y las negociaciones se han retomado con la pauta que marcan los países grandes de la Eurozona y el FMI.
Ya en 2004 se tuvo noticia de que Grecia había falseado sus estadísticas, en particular fiscales, con la intención de que “le dieran los números” para cumplir los criterios de Maastrich y poder entrar en la Eurozona. La crisis de 2008 golpeó al país como a todo el mundo, pero en este caso el impacto fue especial pues sus ingresos por exportaciones cayeron verticalmente (Grecia vende al mundo un producto con demanda muy elástica, como es el turismo de lujo) y su poco flexible sistema productivo primario y secundario no pudo adaptarse al impacto. Pocas políticas económicas contracíclicas estaban disponibles para los griegos para enfrentar este escenario: la grave situación de las cuentas gubernamentales impedía realizar expansiones fiscales (aumentar gastos o recortar impuestos), la política monetaria era impracticable pues Grecia no puede emitir euros y finalmente su pertenencia a la Eurozona le impedía devaluar su moneda (no tiene moneda propia). Sin instrumentos fiscales, monetarios ni cambiarios, debió solicitar ayuda extranjera como único camino para para reanimar su economía, hacer frente a sus compromisos y mantener a su sector público en funcionamiento.
Obtuvo dos “rescates”: la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) aprobaron un plan de ayuda de 110.000 millones de dólares en 2010 y un segundo paquete similar en 2011. A cambio de ello solicitaron a Grecia un plan de ajuste fiscal en los siguientes diez años, para asegurar el equilibrio fiscal y llevar su deuda a un nivel razonable. Tras cinco años de algunos ajustes y mucho descontento social, los problemas económicos de Grecia persistieron y las promesas que hizo el gobierno para obtener aquellos dos enormes salvavidas nunca terminaron de cumplirse.
En febrero de 2015 expiraba el plazo del segundo rescate y Grecia, sin posibilidad de pagar, hizo una nueva propuesta de reestructuración de su deuda. Sin embargo, el incumplimiento de las metas fiscales prometidas redujo el interés de los europeos (en particular Alemania) por volver a aliviar a Grecia, mucho más allá de otra rebaja de intereses y de alargar vencimientos de la deuda.
No hubo avances en las negociaciones y en junio ocurrió lo temido: ante la importante salida de capitales del país el BCE optó por “racionar la liquidez de emergencia del sistema financiero” (corralito) obligando a Atenas a anunciar el cierre de los bancos, de la Bolsa y la imposición de controles de capital para evitar el colapso. La medida de emergencia implicó dejar al sistema financiero “vivo pero con respirador artificial”, pero que no recibía un euro más de la Unión Europea. El lunes 6 de julio, Grecia no pagó la cuota de 1.500 millones de dólares al FMI y entró formalmente en default, haciendo temer por una crisis mucho mayor.
Arreglo de última hora
El 13 de julio Tsipras, ante el default y la amenaza de salir del euro, aceptó las condiciones que la Eurozona, encabezada por Merkel (secundada por Holanda y Finlandia y, más moderados, Francia, Italia y España), le impuso para prestarle 86.000 millones de euros en los próximos tres años.
El acuerdo es muy duro y complicado para cumplir. De inmediato, Grecia debe aumentar de IVA, recortar pensiones, asegurar la independencia de su Indec y aprobar recortes de gastos automáticos en caso de desviación del objetivo de superávit fiscal. Antes de finales de octubre, deberá legislar una reforma laboral que reduzca el poder de los gremios, dificulte las huelgas y facilite los despidos colectivos, una reforma que liberalice su economía en varios aspectos y un extenso programa de privatizaciones.
Por el momento, Tsipras ha aceptado estas duras condiciones, pero las consecuencias finales aún no pueden preverse: puede provocar un cisma en su partido (ha incumplido sus promesas de mantenerse firme y no tolerar “recetas de austeridad”), llevarlo a renunciar o incluso desembocar en la formación de un nuevo gobierno. Es una situación parecida a la de Argentina de 2002, pero con un final distinto: aquella fue con default y devaluación (y quiebre de relaciones con el resto del mundo); ésta es con rescate, permanencia en la Eurozona y fuertes condiciones a cumplir. Las aguas se han calmado por el momento, pero estas semanas son clave para el seguimiento de los acontecimientos, en particular lo que ocurra en las calles y en la política de Grecia, porque las condiciones que se le imponen son muy estrictas y, como tales, no garantizan que el problema haya quedado resuelto en forma definitiva para Grecia ni para la Eurozona en su conjunto.
