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Tal como claramente se define en la teoría de las Finanzas Públicas, es función del Estado, como garante del bien común, corregir las falencias del mercado en su rol de asignar recursos (provisión de bienes públicos, presencia de externalidades, asimetrías estructurales entre oferta y demanda) y complementarlo, cuando sus resultados no alcanzan los objetivos de equidad, propios de un proceso de desarrollo económico armónico, socialmente y ambientalmente sustentable.
Desde el punto de vista de la viabilidad política y fáctica de los programas de intervención del Estado, las medidas propuestas en una situación coyuntural no sólo deben ser eficientes y eficaces para lograr los objetivos buscados, sino que es imprescindible que las mismas sean coherentes entre sí y compatibles con los objetivos de mediano y largo plazo.
En este marco paso a analizar el conjunto de medidas anunciadas para la vitivinicultura, reagrupándolas y ordenándolas según mi criterio acerca de las prioridades para el sector.
1. Dar de baja los bloqueos anunciados en diciembre para el vino 2014.
Sin lugar a dudas es uno de los anuncios más importantes del paquete de medidas del gobierno. Es bien conocido desde el punto de vista teórico y también por el rotundo fracaso de experiencias similares ya vividas en la vieja vitivinicultura. Medidas como los bloqueos y prorrateos tienen un fuerte efecto regresivo, perjudicando principalmente al eslabón más débil de la cadena.
2. Créditos para cosecha y acarreo a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.
Dada la imperiosa necesidad de financiamiento del productor y el riesgo de que no pueda levantar la cosecha, esta medida contribuye no sólo a resguardar el valor económico de lo ya producido sino a una mayor igualdad de oportunidad de acceso al crédito por parte de los pequeños y medianos viñateros.
En la búsqueda de una mayor coherencia con el resto de las medidas, y atendiendo a los objetivos de mediano y largo plazos, esta medida coyuntural podría complementarse con tasas y plazos diferenciados según sea el destino de la producción priorizando la elaboración de mosto concentrado.
3. Aportes no reembolsables con destino a cosecha y acarreo de hasta $ 4.000 por hectárea para pequeños y medianos productores de hasta 5 hectáreas.
Es complementaria de la anterior y se sustenta en el principio de equidad al que, tal como fue explicitado en la introducción de esta nota, debe atender la política pública.
4. Fijación por decreto de un porcentaje del 35% de uva con destino a mosto.
Aun cuando existen opiniones encontradas sobre la efectividad que en el pasado tuvo la derivación de uva a mosto concentrado sobre el sostenimiento de los precios del mercado de traslado, es importante que se haya optado por esta medida, a pesar de la convicción manifiesta en sentido contrario de algunos funcionarios, ya que su solo anuncio contribuirá a cambiar las expectativas del mercado, con la consiguiente recuperación de los precios del mercado de traslado. Esta afirmación está basada en un estudio econométrico de mi autoría en el que pudimos calcular la elasticidad del precio de vino de traslado respecto de los volúmenes derivados a mosto sulfitado durante la vigencia del Convenio Mendoza/San Juan (- 0,41). La conclusión es que de no haberse implementado dicho Acuerdo, por cada 10% menos de uva derivada a mosto, se hubiera registrado una caída adicional del 4,10 % en el precio del vino de traslado. Esta metodología permite también calcular el costo para el sector de una errónea derivación a mosto.
5. Fideicomiso para la elaboración de mosto 2015.
Aunque no conozco los detalles de la reglamentación del Fideicomiso, pienso que es el instrumento adecuado para la canalización y administración de los aportes tanto nacionales como provinciales al programa de mosto. Una cláusula importante a incorporar en el caso de que el pequeño productor sea incentivado para destinar su uva a mosto mediante la elaboración a maquila, es acordar entre el gobierno y la industria un valor de referencia del costo del servicio de concentración, para que el productor sea el principal beneficiario de los recursos públicos destinados al programa.
Es cierto que la industria del mosto tiene sus propios excedentes y dificultades de exportar por problemas de falta de competitividad, pero el impacto positivo de esta medida trasciende la coyuntura, colocando a la vitivinicultura frente a un enorme futuro potencial exportador, sustentado en la productividad del viñedo y en la mayor escala industrial de una actividad que ya ha demostrado su capacidad de liderazgo a nivel global. Este desafío requiere repensar todo el negocio exportador, construyendo su competitividad desde el viñedo, incorporando la genética adecuada y la tecnología apropiada para una viticultura de alta productividad medida por la cantidad de azúcar por hectárea. Será necesario también adecuar la legislación vitivinícola vigente para lograr la necesaria coherencia entre las medidas coyunturales y los objetivos de largo plazo. La nueva Ley de Vinos deberá contemplar una mayor flexibilización para hacer más competitivos la totalidad de los usos de la uva y, en el caso particular del mosto, permitir su vinificación diferida para que la vitivinicultura argentina lleve adelante una política integral de estabilización basada en el almacenamiento de mosto concentrado en los años de cosechas abundantes con el doble propósito de descomprimir el mercado interno de vinos básicos y de poder disponer de un stock estabilizador para la atenuación de las fluctuaciones interanuales de la cosecha de uva.
6. Liberación del vino blanco escurrido en base a estrictos parámetros de calidad.
Es una medida acertada, aunque insuficiente, para la mejora cualitativa de los vinos actualmente en stock, y tendría que complementarse con una declaración jurada de la totalidad de las bodegas para que voluntariamente informen al INV (costo fiscal cero) sus existencias totales de vinos, discriminando aquellos que por sus parámetros de calidad no son aptos para el consumo. Una vez conocida esta información, mediante un mecanismo de premios y castigos, se podría ofrecer un subsidio selectivo para la destilación o recuperación de los vinos declarados.
7. Liberación de los vinos cosecha 2015.
Por tratarse de otro de los instrumentos de política sectorial que he dado en denominar con "efecto boomerang", pienso que no hay ninguna necesidad de atarse tan tempranamente a una fecha determinada hasta tanto no se conozca el pronóstico más acertado que hasta hoy se conoce, que es la cantidad de uva efectivamente ingresada a bodega.
8. Línea especial de crédito con el banco Nación con subsidio de tasa para bodegas que compren vino blanco y vino tinto de contado.
Es una medida muy acertada por aportar recursos monetarios en condiciones favorables al sector y dinamizar el mercado de vinos de traslado.
9. Apoyar la sanción de la Ley de uso de Jugos Naturales.
Tal como sugerimos antes, la actualización de la Ley de Vinos deberá contemplar la elaboración diferida de mosto concentrado, la edulcoración de bebidas colas y jugos naturales de uvas, y otros usos alternativos que se pueda dar a los vinos blancos básicos de producción masiva, colocando a las bodegas en igualdad de condiciones para competir con otras industrias elaboradoras de bebidas de menor graduación alcohólica (especialmente cerveza). Dichos productos deberían estar sujetos a las condiciones legales y técnicas que establece el Código Alimentario Argentino y bajo el control exclusivo del INV.
10. Elaborar con las entidades vitivinícolas un proyecto de Ley para restringir la plantación de viñedos de ciertas variedades.
Como ya he señalado en otros artículos del suplemento Fincas, de la actual crisis vitivinícola no se sale con excesivas regulaciones ni con medidas restrictivas como podrían ser la prohibición de implantar nuevos viñedos, aunque ésta fuese selectiva. Esta última, además de aumentar la brecha tecnológica con nuestros competidores, atenta contra el desarrollo de nuevas oportunidades de inversión en viñedos, la zonificación del cultivo de la vid por usos para la elaboración de productos con demanda externa cierta, y la organización de formas asociativas de producción que incluyan a pequeños y medianos productores, hoy desplazados del circuito comercial.