La Argentina tiene una deuda estructural que trasciende el déficit fiscal o la inflación: su justicia relativa. En el epicentro de esa falla, los tribunales de Comodoro Py, son un péndulo donde las causas federales pocas veces llegan a juicio. Expedientes como el de la AMIA o la causa Siemens llevan décadas engrosando legajos mientras la "familia judicial" administra los tiempos según el poder político de turno. Esta dependencia funcional convierte al Poder Judicial en un anexo del Ejecutivo, donde las investigaciones se aceleran para dañar a un adversario o se frenan para proteger a un aliado. No hay república posible con un árbitro que cambia las reglas del partido según quién gobierne.
