No hay que ser ignominioso, el mayor de los privilegios es el que te confiere el pueblo. Los cuestionamientos de las jubilaciones de privilegios van más allá de una ley nacional o de cuestiones jurídicas, es un punto ético y moral.
En un contexto, en el cual, nuestro País exhibe números deprimentes que nos indican que el 50% de nuestra población es pobre, fruto de más de 70 años de malas administraciones, “es incomprensible”, que hallan funcionarios que pretendan percibir una jubilación de privilegio.
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No hay que ser ignominioso, el mayor de los privilegios es el que te confiere el pueblo. Los cuestionamientos de las jubilaciones de privilegios van más allá de una ley nacional o de cuestiones jurídicas, es un punto ético y moral.
No solamente alcanza a la clase política, sino, también a los jueces que ostentan beneficios en sus regímenes jubilatorios especiales y sueldos que no pueden disminuirse.
En un contexto, en el cual, nuestro País exhibe números deprimentes que nos indican que el 50% de nuestra población es pobre, fruto de más de 70 años de malas administraciones, “es incomprensible”, que hallan funcionarios que pretendan percibir una jubilación de privilegio.
Si bien, hay voces de constitucionalistas que nos indican que las jubilaciones otorgadas mediante acto administrativo regular generan un derecho adquirido a favor del beneficiario y que para revocar ese acto administrativo es necesario demostrar que existió dolo del administrado en el momento de dictado el acto. etc. etc., y que a futuro lo único que generará es un juicio contra el Estado que a posteriori deberá ser pagado por todos los argentinos generando un perjuicio para las cuentas públicas…. Otras voces, nos indican que las asignaciones otorgadas a favor de los titulares devienen jurídicamente incompatibles para quienes hayan cometido un delito en ejercicio de la misma función pública, por la que accedió a ese beneficio y en perjuicio del Estado nacional.
Mariano Ficarra- Ex legislador provincial.