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La rebaja de la meta de ahorro fiscal en Brasil expone su deteriorada situación económica y amenaza con atrasar la ansiada recuperación hasta el último año en el poder de Dilma Rousseff, ya debilitada por un caso de corrupción y una bajísima popularidad.
El anuncio del miércoles que recorta para este año a apenas 0,15% del PBI la meta de superávit primario -antes del pago de intereses de la deuda- cayó como balde de agua fría en un escenario de nulo crecimiento económico, aceleración de la inflación casi al 9% anual y aumento del desempleo. El recorte, además, renueva las dudas sobre la capacidad del gobierno para ordenar las cuentas fiscales.
“La revisión es fruto en gran medida de la desaceleración de la economía, que se ha mostrado más profunda de lo que se esperaba. Claramente la recuperación va a demorar; ya no esperamos contracción sólo en 2015 sino también en 2016”, dijo Ignacio Crespo, analista de macroeconomía en la consultora Guide Investimentos en Sao Paulo. “Es difícil saber hasta dónde llegará la recesión, pero con toda seguridad será más duradera. Al contrario de lo que se esperaba hace unos meses atrás, en 2016 la economía también va a caer”, enfatizó.
El analista André Ferreira, de la corredora Futura, planteó que “el crecimiento sólo quedará para 2018”.
De concretarse esa proyección, Brasil completaría un ciclo de siete años de expansión baja o nula.
El PBI brasileño apenas creció 0,1% en 2014 y para este año el gobierno espera una contracción de 1,49%, más optimista que las predicciones del mercado.
Junto al recorte en la meta de ahorro fiscal -de un anterior 1,1% del PBI- el gobierno también pidió al Congreso que apruebe una nueva rebaja en el presupuesto de unos U$S 2.700 millones ante la perspectiva de menor crecimiento y menor recaudación fiscal. Se guardó además la posibilidad de incurrir en un déficit primario si no se cumple una serie de parámetros de recaudación. Ya en mayo el gobierno había realizado un fuerte corte de U$S 23.000 millones en el presupuesto.
Otro problema para Rousseff
“Hay un empeoramiento drástico de las expectativas y eso empeora la crisis política. Al final son situaciones que se retroalimentan: baja popularidad del gobierno y economía débil. Y la tendencia es que eso empeore”, dijo André César, un analista político de Brasilia.
El segundo gobierno de Rousseff, que se inició en enero, no ha tenido respiro. Grandes protestas callejeras pidiendo su destitución sacudieron a Brasil en el primer trimestre y ya se anunció otra manifestación para el 16 de agosto.
El gobierno no sólo está con el respaldo en el suelo (7,7% según una última encuesta), sino también enfrenta una crisis moral por el caso de corrupción en Petrobras, la otrora insigne petrolera estatal. El caso -que ya costó al menos unos U$S 2.000 millones a la empresa- salpica sobre todo, aunque no exclusivamente, al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff. Según los antecedentes de la investigación, políticos, ex ejecutivos de la estatal y empresarios se coludieron para desviar dinero y amañar contratos mediante el pago de sobornos.
A este panorama se suman los llamados de algunos sectores para destituir a Rousseff por juicio político alegando irresponsabilidad en el manejo fiscal o vínculo del gobierno con la corrupción. La presidenta respondió que esas voces “son un tanto golpistas”.
