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Ocurrió en Italia con el caso “Manos Limpias” y podría ocurrir en Brasil con el escándalo de Petrobras: el Congreso contraataca con un arsenal de proyectos de leyes y busca proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción.
Las tentativas se aceleraron ante la inminencia de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera estatal, que implicaría a legisladores, gobernadores y políticos de primera línea por el desvío de miles de millones de dólares de los cofres públicos. La batalla sorda entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a campo abierto, con la multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial.
“Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscan crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación”, dijo recientemente el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.
La Cámara de Diputados discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la “Operación Lava Jato”, como se conoce al caso Petrobras, que fueron respaldadas por dos millones de firmas.
Pero, paradójicamente, la iniciativa podría abrir la puerta a una autoamnistía de la “Caja 2”, las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.
En caso de convertirse en ley, la nueva tipificación de la “Caja 2” en un “crimen más robusto” eximiría de culpa y cargo a quienes están ahora en la mira de la Justicia, porque ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, al menos según una lectura que gana fuerza en el Congreso.
“Si criminalizan a todos los que usaron la 'Caja 2', van a acabar con esta generación política”, aseguró un asesor.
El jefe de los fiscales de la República, Rodrigo Janot, advirtió sobre ese riesgo y pidió no olvidar las enseñanzas de la megainvestigación de corrupción en Italia, citando las trece medidas que aprobó el Parlamento de ese país para erosionar la operación “Mani pulite”.
