Superada la embestida para el estratégico DNU, podría resultar prudente, y hasta políticamente correcto por parte del gobierno nacional, atender puntualmente sugerencias u objeciones que lleguen desde los sectores adherentes al oficialismo en lo que respecta a asuntos de la nueva legislación que puedan ser corregidos. Ya no existe riesgo de derogación.
El gobierno nacional pudo sortear en el Congreso la embestida opositora contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Más allá de los cuestionamientos de la oposición, hubiese resultado esquivo en lo institucional que una medida adoptada por el actual gobierno a poco de asumir fuese dejada de lado luego de tres años de gestión, a sólo uno del final de mandato constitucional.
Vale reiterar que el DNU denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” tuvo como principal objetivo desregular distintas actividades a través de la modificación y derogación de múltiples leyes y normativas derivadas. En el año 2024 el Senado de la Nación logró imponer la votación en contra valiéndose de una buena mayoría, pero en este caso la Cámara de Diputados no tuvo el quórum suficiente para sesionar. Fue determinante una vez más la adhesión al gobierno de legisladores que responden a gobernadores provinciales, incluso del justicialismo.
En cuanto a los sectores que se opusieron en estos años desde la presentación del DNU, representados por grupos de la oposición política, gremios y organizaciones sociales, se basaron en aspectos que en distintos casos fueron planteados ante la justicia, como el posible debilitamiento de los derechos laborales y de inquilinos de propiedades, además de la vulneración de facultades del Congreso Nacional, impacto en la protección ambiental, etc. Situaciones que en gran medida determinarán su ponderación con el transcurso del tiempo.
No obstante, superada la embestida para el estratégico DNU, podría resultar prudente, y hasta políticamente correcto por parte del gobierno nacional, atender puntualmente sugerencias u objeciones que lleguen desde los sectores adherentes al oficialismo en lo que respecta a asuntos de la nueva legislación que puedan ser corregidos. Ya no existe riesgo de derogación.
Y es valedero insistir con el necesario respeto a los consensos, fundamentalmente en el ámbito parlamentario, porque son indispensables para avanzar con la gestión del que gobierna, pero a la vez, sirven para afianzar una mecánica de debate de ideas basada en el sentido común y no en el uso y abuso de las mayorías resultantes de las distintas elecciones populares.
Afirmar que un eventual éxito electoral el año próximo puede significar para el gobierno de turno pasar a disponer de un Parlamento de levanta manos, como ha insinuado en varias oportunidades el presidente de la Nación, puede estar vaticinando la mala adaptación a una practicidad que, con total justeza, ha venido siendo criticada durante años.
El juego queda, en definitiva, claramente en terreno del gobierno nacional. Es, por lo tanto, a sus autoridades a las que les corresponde efectuar las evaluaciones y eventuales correcciones del rumbo económico para que el contenido de las reformas se traslade en algún momento a los muchos sectores más afectados por el ajuste fiscal.
