Impulsan un proyecto que propone aplicar sanciones más severas a los inadaptados que arrojan todo tipo de basura a los cursos de riego. Un problema de larga data que cuesta millones de pesos por la limpieza de cursos y que pone en riesgo a la comunidad ante la posibilidad de lluvias intensas.
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El mundo, o una buena parte de él, pide parar la contaminación ambiental. El mandato es cuidar lo mejor posible el ambiente que nos circunda y en tal sentido merece atención el proyecto consistente en endurecer las sanciones para quienes arrojen residuos en espacios públicos y sistemas hídricos de la provincia.
El mecanismo propuesto, por el municipio de Capital, implicaría incorporar al Código Contravencional de la provincia penas más severas a los que convierten en basurales la estructura de riego y la de evacuación de correntadas.
Este problema de la contaminación por residuos en el sistema hídrico es de vieja data y mortifica ver la cantidad de desperdicios que se extrae de la red de riego.
Más de 2.000 toneladas de residuos sólidos urbanos son extraídos anualmente de canales para irrigación de cultivos, colectores aluvionales y cauces pluviales.
Cada municipio levanta decena de miles de kilos de basura de las estructuras hídricas, además de la limpieza más puntual que deben realizar operarios y máquinas de la Dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación (DGI).
Por ejemplo, no hace mucho (julio 2026), el organismo del agua extrajo 150 toneladas de basura acumuladas en el sifón de calles Gorriti y Montes de Oca, Godoy Cruz, tarea que demandó el uso de cuatro bateas y catorce camiones. Esa cantidad de desperdicios -botellas, plásticos, bolsas de residuos, ramas y sedimentos acumulados- equivale aproximadamente a unos cien automóviles.
En otro caso, la Municipalidad de Capital, junto con Hidráulica, saneó el canal Papagayos, ubicado al oeste de capital, y retiró 200 toneladas de residuos. Pero, en la sumatoria de doce operativos de limpieza de ese curso, lo sustraído sumó 1.100 toneladas, que es lo mismo que 240 camionadas de basura.
Los vecinos (tenemos que llamarlos de algún modo) que provocan esta contaminación y la afectación del equilibrio ecológico, no saben (o no les importa) que con ese proceder obstruyen el normal escurrimiento del líquido y se aumenta el riesgo de inundaciones durante períodos de lluvias fuertes, además de contaminar el sistema hídrico y malograr el ambiente urbano.
Por eso debería ser aprobada con urgencia la elevación de los montos por la infracción consistente en convertir en basurales los cauces provinciales (acequias, colectores, zanjones, arroyos y ríos).
La ciudad dio un paso que bien pueden imitar la provincia y los otros municipios. En abril de este año incorporó al Código Contravencional la figura del infractor que descarta arroja residuos en la vía pública y en los cauces de agua, y agravó las sanciones económicas a los malos ciudadanos que son sorprendidos en esas acciones, además de habilitar la intervención de los Jurados Vecinales.
La dependencia que se ocupa de este control, Higiene Urbana, ya tiene resultados: registró 2184 incidentes vinculados a residuos en la vía pública, de los cuales más del 72% correspondieron al retiro de deshechos abandonados en cauces u otros lugares.
