La licitación por la provisión de tubos para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro, que otorgó la adjudicación a la firma india Welspun, generó una innecesaria tensión a partir de conceptos vertidos por el presidente de la Nación.
La verborragia presidencial caldeó los ánimos y generó una serie de tensiones en torno a la figura del empresario Rocca que, inevitablemente, encendieron alertas entre sectores de la industria. Una inapropiada intervención. Las descalificaciones vertidas no hacen otra cosa que poner en tela de juicio un proceso licitatorio basado en los lineamientos de una gestión.
Paolo Rocca, empresario del grupo Techint.
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La licitación por la provisión de tubos para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro, que otorgó la adjudicación a la firma india Welspun, generó una innecesaria tensión a partir de conceptos vertidos por el presidente de la Nación.
Previo a ello la definición del contrato no tenía por qué merecer objeciones a primera vista. La oferta realizada por el Grupo Techint, controlado por el empresario ítalo-argentino Paolo Rocca, cotizó más caro y, por lo tanto, el conglomerado del que forma parte YPF para la exportación de gas resolvió a favor de la oferta extranjera.
La postura del gobierno nacional, ratificada por el ministro Sturzenegger al justificar el resultado de la licitación, siempre ha sido muy clara en cuanto a la apertura a oferentes de otros países. La actual administración nacional derogó el concepto del “compre nacional” y con él, la adquisición de caños más caros hubiese implicado menor rentabilidad del proyecto y menores inversiones, empleo y exportaciones.
Dijo el ministro de Desregulación del Estado que el favoritismo a firmas nacionales en licitaciones, aun con cotizaciones más elevadas que las de competidores extranjeros, repercute en un precio mayor de la energía para empresas y consumidores.
No se puede negar que lo expuesto por Sturzenegger va en línea con las directrices del gobierno que integra, basado en la reducción de regulaciones, eliminación de mecanismos de protección sectorial y fomento de una mayor competencia para mejorar la eficiencia y bajar costos en todos los sectores de la economía.
De todos modos, al grupo empresario argentino le asiste el derecho de presentar acciones legales y denuncias por considerar que pudo verse afectado por presunto “dumping” y competencia desleal.
Hasta aquí la enumeración de los pasos dados en un proceso licitatorio de importancia y trascendencia para el país y que, como hemos señalado, incluye interpretaciones por parte del sector que se consideró afectado. Por lo tanto, la polémica debería haber tenido dicho límite y la voz por parte del Estado tuvo suficiente claridad a través de uno de los ministros del Ejecutivo.
Sin embargo, la verborragia presidencial caldeó los ánimos y generó una serie de tensiones en torno a la figura del empresario Rocca que, inevitablemente, encendieron alertas entre sectores de la industria.
En medio de la euforia de un encuentro partidario, el presidente Milei ironizó sobre el referente de Techint y lo consideró entre quienes pretenden llevar a cabo “negocios turbios con el Estado”, de los que dijo que “deben desaparecer e ir a la quiebra”. Hasta lo calificó desestabilizador de su gobierno.
Una inapropiada intervención presidencial. Las descalificaciones vertidas no hacen otra cosa que poner en tela de juicio un proceso licitatorio basado en los lineamientos de una gestión.