El cine argentino conforma una de las expresiones más importantes dentro del panorama cultural de nuestro país, con una producción de películas destacadas que trascendieron las fronteras y alcanzaron grandes logros internacionales.
El cine nacional atraviesa momentos críticos por la falta de apoyo del Gobierno federal. El Incaa tiene como finalidad primordial el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica. No obstante, las últimas medidas adoptadas por la administración central han perjudicado el desarrollo y crecimiento de la industria audiovisual.
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El cine argentino conforma una de las expresiones más importantes dentro del panorama cultural de nuestro país, con una producción de películas destacadas que trascendieron las fronteras y alcanzaron grandes logros internacionales.
Baste señalar que dos realizaciones nacionales ya han ganado el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tal el caso de “La historia oficial” (1985), bajo la dirección de Luis Puenzo, y “El secreto de sus ojos” (2009), dirigida por Juan José Campanella.
En total, son ocho las nominaciones que tuvo Argentina a lo largo de la historia en los Premios Oscar.
Sin embargo, la industria nacional cinematográfica no está en su mejor momento y por el contrario el panorama es bastante desalentador, a juzgar por el amplio informe difundido por el Espacio Nacional Audiovisual (ENA), que reúne a las principales asociaciones de productores y directores del cine del país.
La crítica del organismo va dirigida contra la gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que a lo largo de 2024 y en lo que ha transcurrido de 2025, acredita el récord histórico de cero películas argentinas aprobadas en ese período.
El Incaa tiene como finalidad primordial el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica, pero en el último tramo no ha aprobado la producción de ninguna película argentina, lo que marca un punto crítico en este segmento de la industria.
Entre las decisiones más perjudiciales, y siempre de acuerdo al ENA, se destacan las siguientes:
Eliminación de los instrumentos de fomento a la producción. Muchas producciones contaban con fondos internacionales asignados y han tenido que renunciar a esos recursos; ineficaz implementación de créditos bancarios como herramienta; la promulgación del Decreto 662/2024, que introdujo un año de espera para solicitar un nuevo subsidio tras haber recibido otro.
En un intento de corregir errores, se impulsó el Decreto 984/24, aunque a juicio del ENA se agravó la situación.
Los concursos destinados a descubrir nuevos talentos no pueden sustituir los mecanismos de fomento a la producción establecida en la Ley de Cine como principales herramientas.
Consecuentemente, obran como acciones que desfavorecen al cine, la suspensión del apoyo económico a festivales y organismos provinciales y la eliminación de determinadas herramientas, como la llamada “cuota de pantalla”.
Además, se transfirió la plataforma Cine.ar a la Secretaría de Medios y Comunicación de la Presidencia.
Como resultado de estas medidas, en 2024 la participación del cine argentino en la taquilla fue la más baja registrada, representando apenas 2,19% del total, una caída de 60% en comparación con 2023.
Las entidades que patrocinan las actividades cinematográficas también dan constancia de que no contar ya con el apoyo económico a los filmes que participan en festivales internacionales, reducen la visibilidad del cine argentino y limitan su acceso a nuevos mercados.
El mundo del cine, el que está del lado del espectador y el que se sitúa en el ámbito de la producción, espera que el Gobierno nacional reflexione sobre estas medidas y dialogue con el sector para encontrar un justo medio.
Debe tenerse en cuenta que países como España, Uruguay, Colombia, y Chile, lograron que sus cinematografías crecieran exponencialmente gracias a políticas de fomento modernas.
No se pretenden concesiones abusivas o subsidios que no se puedan justificar, sino un claro apoyo a al cine nacional, partiendo de la premisa que determina que los mayores esfuerzos, desafíos y riesgos los seguirá tomando el sector privado.