El presidente de la Nación insiste con su embestida dialéctica contra quienes considera que conspiran contra su gestión gubernamental. Muchas veces lo hace de un modo tan vehemente que, a pesar de su alta investidura, parece desconocer la función que la república le asigna a cada protagonista de la vida institucional del país.
Sus diferencias contra la oposición llegan en cada caso que aborda al extremo de la negación de la lógica y frecuentemente necesaria disidencia. Si bien es absolutamente real que la administración a su cargo recibió una crisis económica y social con pocos precedentes, lo que lleva a que aún en estos tiempos gran parte de la ciudadanía siga desconfiando del kirchnerismo como eventual alternativa una vez más, no debe dejar de lado el presidente el enorme valor del debate como aporte a la puesta en práctica de medidas debidamente consensuadas y fundadas en criterios de razonabilidad.
Esa aceptación le permitió al Ejecutivo templar sus principales proyectos, a partir de la denominada Ley Bases, partiendo de las sugerencias de una oposición dialoguista y mucho más experta en lides parlamentarias.
Por otro lado, el presidente Milei sigue ofendiendo al periodismo con términos no sólo descalificantes sino, fundamentalmente, preocupantes para una democracia que debe tener en la libertad de expresión, uno de sus soportes básicos.
Además, en sus últimas intervenciones públicas a través de las redes sociales, o en alguna disertación, Javier Milei fustigó otra vez a la labor periodística tanto con lenguaje escatológico, soez y vulgar como con incentivo al abucheo a la tarea de información, como hizo brindando una charla ante alumnos de un colegio.
Otra reprobable actitud es cuestionar a la oposición por hacerse eco del elevado nivel de endeudamiento que afronta gran parte de la sociedad en un contexto económico aún complicado. La política tiene que estar cerca de la gente.
Se debe entender que en democracia la libertad de expresión es un derecho fundamental no sólo para el ejercicio del periodismo; también para que cualquier persona pueda expresar sus ideas y opiniones sin temor a censura o castigo.
Esta reiterada sumatoria de actitudes inadecuadas aliento el peligro de la instalación de una modalidad, como señalábamos, opuesta a la prudencia que debe observar toda conducta fundada en la ética, lo cual no supone de ningún modo resignar autoridad.
Esta incómoda conducta oficialista aparenta querer sustentar mecanismos para instalar en la sociedad argentina la batalla cultural que pregona el movimiento libertario desde su creación.
Debemos estar totalmente de acuerdo con toda decisión firme tendiente a poner fin a excesos y prebendas de todo tipo, que dañaron el buen vivir de muchos argentinos durante décadas de descontrol. Pero lo que no se puede tolerar es que por esos cambios necesarios se pretenda imponer otra idea que sólo lleve a más confrontación social.