La Cámara de Mayoristas rechazó la reglamentación de los aportes obligatorios que el Gobierno había planteado como voluntarios en la reforma laboral.
Ante unos 200 empresarios de todo el país, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo al Decreto 612/2026, que reglamenta los aportes obligatorios que, inicialmente, el Gobierno había planteado como voluntarios. La entidad pidió coherencia entre los objetivos de la ley de reforma laboral y su reglamentación.
En este marco señaló que, de cada $2.128.749,84 que se aporta por trabajador, solo el 65,67% llega al empleado en mano, equivalente a $1.397.943. La CADAM consideró que la reglamentación representa un retroceso frente a un reclamo empresario de reducir los costos laborales a una iniciativa que había sido impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger.
Según planteó la entidad, la norma termina modificando uno de los objetivos centrales que había sido planteado con la reforma laboral: evitar que los empleadores tengan que financiar estructuras que incrementan el costo laboral. De este modo, agregaron, se vincula con los aportes que las empresas deben realizar por cada trabajador de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando el empleado no reciba capacitación.
De acuerdo con la CADAM este mecanismo permite recaudar más de $30.000 millones anuales, fondos que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las compañías no hayan decidido asociarse a esas entidades. “No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, sostuvieron.
Y agregaron que una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponerle una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó.
La Cámara de mayoristas también señaló que el proyecto original de la reforma laboral contemplaba de manera explícita que los aportes o contribuciones patronales especiales establecidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo destinados a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores fueran de carácter estrictamente voluntario.
Sin embargo, durante el debate legislativo, esa disposición sufrió modificaciones. En una versión posterior, la aplicación de la voluntariedad quedó postergada hasta el 1° de enero de 2028. Finalmente, el texto aprobado por el Congreso estableció que los aportes, contribuciones y demás conceptos contemplados en las convenciones colectivas y destinados, de manera directa o indirecta, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores no podían superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.
Para la CADAM, de esta forma se produjo un cambio respecto del planteo inicial: de establecer la condición de “voluntario” se pasó a fijar un límite porcentual y, posteriormente, el Decreto 612/2026 determinó que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán utilizarse exclusivamente para obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural destinadas a los trabajadores.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtió la cámara empresaria. En ese marco, los directivos de CADAM reclamaron “coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior”.
