El país transita una nueva etapa minera, con mayor interés de inversores internacionales y el RIGI, que se asemeja en impacto a la Ley de Inversiones Mineras. En su momento, esta última normativa dio sustento a la mayoría de los proyectos metalíferos que hoy están en marcha. Con esto en vista, uno de los nuevos desafíos que enfrenta el país es lograr que sus proveedores mineros crezcan a la par de los proyectos que se inicien. También, que estos dejen en sus comunidades una cadena de valor sólida.
En el caso de Cuyo, los proveedores deben prepararse para los proyectos de cobre, que son de una escala mucho mayor que los de otros metales, como el oro o el litio. Así, surgen discusiones sobre cuáles son los mejores caminos para alcanzar el objetivo: consolidar un sector que venda bienes y servicios a la minería en condiciones de acoplarse a estos gigantes y ser competitivo.
En San Juan existe una discusión más madura al respecto, ya que es una de las provincias donde comenzaron grandes proyectos a finales de los años 90 y principios de los 2000. Incluso, desde el Gobierno local decidieron que en esta tarea participen dos ministerios: Producción y Minería. Gustavo Fernández, titular de la primera de estas carteras, habló con Cuyo Minero sobre cuáles son las condiciones ideales para que el avance de los proyectos metalíferos también alcance a las industrias, pymes y empresas de servicios locales.
El funcionario sanjuanino señaló que, en materia de impacto económico de la minería, deben considerarse al menos dos etapas. “El desarrollo tiene que llegar primero a las zonas inmediatas donde se realiza la actividad y, desde ahí, extenderse hacia la provincia y la región”, dijo. Esto responde a un consenso general de que los beneficios deben reflejarse de manera evidente en las localidades. Tras ello, el objetivo futuro es que las empresas locales, que adquirieron experiencia a través de contratos con grandes firmas internacionales, puedan luego exportar a otras provincias y, eventualmente, a otros países.
Marcelo Orrego se reunió en Adelaida, Australia con Jeremy Milne, Head of Corporate Affairs y Tom Carrick-Smith, Principal Government Relations, ambos por Copper South Australia de BHP y con José Morea, Country Director
Marcelo Orrego se reunió en Adelaida, Australia con Jeremy Milne, Head of Corporate Affairs y Tom Carrick-Smith, Principal Government Relations, ambos por Copper South Australia de BHP y con José Morea, Country Director para Argentina por la empresa Vicuña Corp.
Para lograr estos objetivos, el ministro sanjuanino planteó una serie de puntos centrales en la discusión. El primero fue la definición de proveedor local, lo que daría una herramienta a la hora de medir en un futuro cuánto impacto tuvo en las comunidades el desarrollo de la minería. “Debe existir una definición única y obligatoria a través de una herramienta legal”, aseguró, y agregó “que todos usen y apliquen, para permitir mediciones confiables y evitar criterios individuales”. Esta discusión parece simple, pero tiene varias aristas que ya se están discutiendo en San Juan.
Entre los puntos que permitirá esta definición es que “se podrá distinguir entre los proveedores de comunidades de influencia y del resto de la provincia”. Esto porque hay parte de los contratos que quedan para las pymes, industrias y otras empresas que son de los departamentos donde están ubicados los proyectos y otros para los que están ubicados en las zonas de mayor concentración urbana. Todos los grandes yacimientos de cobre en desarrollo que tiene San Juan están en los municipios alejados, siendo estas las primeras zonas de influencia. Así, además, se podrá respetar el orden de prioridades que busca el gobierno: comunidad, provincia y finalmente el país.
Pero, además, para llegar a esta definición en todos esos niveles es necesario dejar en claro los criterios. Así, por ejemplo, queda pendiente determinar si esa localía reside en “establecimiento físico operativo donde se desarrollan las actividades y no solo en un domicilio legal o fiscal”, agregó el funcionario. El criterio de parte del Estado es que las empresas para ser consideradas locales deben “acreditar un establecimiento habilitado que se corresponda con el tipo de operación declarada”. Por ejemplo, una metalúrgica deberá tener su planta en el lugar o un proveedor de cubiertas tener el depósito y centro de logística en el departamento indicado, generando así los puestos de trabajo asociados y la capacidad técnica.
Otro punto de debate también entre los proveedores es el origen de la propiedad del capital. En este caso, buscan encontrar un acuerdo sobre si el hecho de que los principales inversores o accionistas son, en este caso, sanjuaninos, debe ser una condición para ser considerados locales. O si, por el contrario, con tener el grueso de la mano de obra en la provincia o departamento, además de las inversiones y el capital enterrado ya es suficiente.
El plan de proveedores, el “corazón” del desarrollo
Gustavo Fernández también habló sobre otra iniciativa que presentaron, que replica casos de éxitos de otros países de la región: crear un plan de desarrollo de proveedores estandarizado y medible. Esta herramienta, dijo “es el corazón de cualquier normativa sobre el tema, una vez que ya hay una definición”. Teniendo en claro quiénes son los actores, la idea es que cada empresa tenga una propuesta de qué objetivos tiene respecto a cómo hacer crecer a sus contratistas y de qué manera los logrará.
El ministro sanjuanino dijo que este documento debe incluir previsibilidad: que las empresas mineras informen a futuro sobre sus curvas de inversión y los paquetes de bienes y servicios que demandarán. Este es uno de los principales pedidos que han hecho las cámaras de proveedores de la provincia a las operadoras. Según dijeron, les permite saber un tiempo antes qué licitaciones lanzará la empresa y preparar sus capacidades para ser competitivos. Esto último lo pueden lograr tanto desde inversiones puntuales como a través de la unión con otros colegas.
En este punto también coincide el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Manuel Benítez. El empresario explicó que históricamente la minería “se desarrolla a través de un aumento explosivo de la demanda, esto significa que de un momento a otro la operadora requiere de una gran cantidad de bienes y servicios”. Con esta condición, que una sola empresa tenga la capacidad inmediata para competir es complejo, por lo que tener previsibilidad y también la posibilidad de que se formen asociaciones es clave para el éxito de las compañías locales.
En cuanto a qué información es necesaria, Fernández puso el foco en que las mineras deben “identificar y comunicar las áreas donde es viable el desarrollo de proveedores locales de la comunidad o la provincia”. Además, pidió que se identifiquen aquellas áreas donde hay potencial futuro, para direccionar también políticas públicas para hacerlo posible y finalmente donde no hay ninguna posibilidad actual o futura. Así hay una orientación tanto de las inversiones privadas como de las públicas más efectivas.
Por parte de los proveedores locales, también incorporaron otro pedido a estos procesos de licitación: las devoluciones. Tanto CAPRIMSA como CASEMI solicitaron que las mineras den razones de por qué las empresas que participaron de una licitación no lograron un contrato. De esta manera, explicaron, tienen posibilidad de mejorar aquellos que no les permitió acceder a las contrataciones. Esto también fundando en que el ingreso a cualquiera de estos procesos tiene un costo alto para los locales.
El plan de desarrollo de proveedores, además de información previa, debe permitir “un modelo estandarizado de plan de desarrollo y objetivos, propuestos por ley”, aseguró el ministro Fernández. Esto permitirá hacer un seguimiento, ya que todas las mineras deberán trabajar bajo un mismo formato. En la actualidad, los reportes no están digitalizados y además responden a los modelos de cada empresa, lo que hace difícil un seguimiento por parte del Estado y las cámaras empresariales.
Esta medición, agregó Fernández, debe medirse “no solo por la cantidad de proveedores contratados, sino también por los montos de los contratos”.
De esta manera es posible hacer un análisis cuantitativo del derrame económico de la minería en la economía local. Contabilizar solo el porcentaje de empresas que son proveedoras de bienes y servicios “puede ser engañoso si los grandes montos de inversión quedan para los de afuera”. La cantidad, en cambio, sí ayuda a evaluar la concentración o atomización del desarrollo.
Creación de un consejo asesor tripartito y digitalización
En la propuesta del gobierno sanjuanino también está la alternativa de hacer un consejo asesor tripartito en el que participan tanto las operadoras mineras, como proveedores y el Estado. Este ente, dijo Fernández, permitirá “acompañar, validar y monitorear los planes de desarrollo de los proveedores”. Este pedido desde el sector público tiene un paralelismo en los privados. En las reuniones con operadoras, los proveedores solicitaron tener diálogo permanente con actores de las empresas.
A esto sumó la alternativa de establecer un registro oficial, público y digital de proveedores locales. En la actualidad no hay una base de datos accesible de cuántas empresas sanjuaninas están vinculadas a la minería ni sus actividades. Existen los datos de las cámaras y también otros dispersos. Esto, además de darle más trazabilidad al sector, serviría como “una base de datos para que las empresas identifiquen y desarrollen a los proveedores locales”, explicó el funcionario. Además, le daría más transparencia con la definición de proveedor local.
Las responsabilidades del sector
Además de buscar cuáles son las posibles metodologías para que apoyen el crecimiento de las industrias locales, Gustavo Fernández dijo que debe haber requisitos para el sector. El más importante es que los emprendimientos locales que tienen contratos con los proyectos metalíferos sirvan para traccionar a otros de menor tamaño. “Deben tener las mismas obligaciones que las mineras en cuanto al desarrollo de sus propios proveedores locales y la prioridad de empleo local”, dijo. Esto asegura “una rastreabilidad del desarrollo a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo a subcontratistas, donde a menudo hay más oportunidades para los actores locales”.
Para el funcionario, a largo plazo la provincia “debe tener un enfoque no restrictivo y aprovechar la escala de la inversión minera para desarrollar sectores de proveedores que son clave”. Entre estos nombró la construcción, la metalmecánica, textiles o catering. Estos pueden “nacionalizarse e internacionalizarse, para que no solo le sirvan a San Juan, sino también puedan proveer a nivel del país o la región”, agregó.
Para esto hay una condición clave: los proveedores locales deben comprometerse a reinvertir las ganancias de la minería en San Juan, sus localidades o en la diversificación de la matriz productiva de la provincia. En este último punto, dijo que sería deseable que los fondos que ganan los empresarios con los contratos mineros también se reflejen “en la agroindustria o el turismo”, dando así más oportunidades también fuera de la extracción de minerales. “Es fundamental que esta oportunidad de desarrollo sea virtuosa y beneficie a la provincia a largo plazo, aunque no sea algo que se controle por ley, sino un compromiso con la sociedad”, cerró.
