La Justicia Federal de Morón dictó el procesamiento de Orlando Eduardo Canido, fundador y propietario de la marca de gaseosas Manaos, así como de la firma Refres Now S.A., por el presunto delito de evasión tributaria simple.
La Justicia Federal de Morón investiga una maniobra con un pasivo supuestamente simulado de $400 millones correspondiente al período 2020.
Procesaron al dueño de Manaos y lo embargaron por una suma millonaria
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La Justicia Federal de Morón dictó el procesamiento de Orlando Eduardo Canido, fundador y propietario de la marca de gaseosas Manaos, así como de la firma Refres Now S.A., por el presunto delito de evasión tributaria simple.
La resolución, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, dispuso además un embargo de $250 millones sobre los bienes del empresario y una suma idéntica sobre la compañía, aunque Canido continuará el proceso en libertad.
El caso, que vuelve a colocar bajo la lupa al controvertido empresario bonaerense, se originó a partir de una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El eje de la sospecha es un presunto incremento patrimonial no justificado mediante un pasivo simulado de $400 millones en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2020.
La fiscalización de ARCA detectó anomalías en el balance contable de Refres Now cerrado al 31 de julio de 2020, específicamente dentro del rubro “otras cuentas por pagar”. La firma había registrado allí un pasivo de $650 millones atribuido a un supuesto préstamo de su accionista, Norberto Ernesto Canido.
Tras analizar la documentación, el organismo recaudador consideró justificada la procedencia de $150 millones, sustentados con honorarios declarados por la firma. Sin embargo, impugnó los restantes $400 millones. Esta diferencia dio lugar a un ajuste impositivo estimado en $132 millones de Impuesto a las Ganancias omitido.
La explicación provista por la empresa sostiene que esos $400 millones provinieron de un préstamo en efectivo que un particular otorgó a Norberto Canido en enero de 2020, dinero que a su vez Pizzo habría obtenido de un tercero no identificado.
No obstante, ARCA descartó la validez de la operación debido a que no se detectaron movimientos bancarios que respaldaran la circulación de semejante flujo de dinero.
En su indagatoria, Orlando Canido justificó el uso de efectivo aduciendo que es una práctica "habitual en el circuito" de provisión de insumos, fabricación, distribución y comercialización de gaseosas en el país.
Aunque la fiscalización inicial de ARCA abarcaba reclamos por presuntas evasiones en los períodos 2017, 2018 y 2020 por una suma total que superaba los $934 millones, la causa penal se redujo drásticamente.
Debido a una reforma legislativa reciente que elevó los umbrales mínimos para que la evasión simple sea considerada un delito punible, junto con cuestiones procesales y prescripciones, los hechos de los ejercicios 2017 y 2018 quedaron excluidos de la persecución penal. Solo la acusación relativa al período 2020 sobrevivió al superar el nuevo mínimo legal.
La defensa de Canido apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El principal argumento técnico de los abogados defensores y del auditor externo de la empresa, Ernesto Danti, gira en torno a la falta de notificación del Formulario 3200 por parte de ARCA.
A pesar del impacto de la resolución y del embargo de $250 millones de pesos, las operaciones de la planta embotelladora ubicada en la localidad de Virrey del Pino (La Matanza), continúan sin alteraciones.
Danti definió el conflicto como una mera discusión administrativa sobre un pasivo contabilizado sin respaldo bancario y afirmó que la supuesta deuda ya fue cancelada. Según detalló, la compañía desembolsó entre $600 y $700 millones para regularizar los ajustes fiscales de 2018 y 2020, aunque continúa litigando ante el Tribunal Fiscal de la Nación con la expectativa de recuperar el dinero.
Por su parte, Orlando Canido rechazó de forma tajante la imputación penal: “No debo un peso; no debo un aguinaldo ni una hora extra. Siempre me denunciaron y jamás encontraron nada”.
