Cámaras locales, CAME y UIA advierten que la medida pondrá en riesgo el financiamiento de las pymes y el empleo.
Beneficios: 1 de cada 3 créditos bancarios otorgados a Mi Pymes en Argentina se emite con el aval de una SGR.
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La reciente ley aprobada por el Congreso para financiar aumentos en los haberes jubilatorios encendió las alarmas en el sector empresario. La norma elimina los beneficios fiscales que incentivaban los aportes de los socios a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un mecanismo clave para que personas y empresas canalicen ahorros e inversiones hacia el crecimiento de las pymes.
Actualmente, más de 42.000 pymes cuentan con avales vigentes emitidos por SGR, y en los últimos 24 meses unas 100.000 empresas accedieron a financiamiento gracias a este sistema. El 70% de las garantías benefician a micro y pequeñas empresas, que en conjunto generan más de 500.000 puestos de trabajo. Según estimaciones privadas, por cada peso que deja de aportar un socio protector, el sistema pierde la posibilidad de otorgar tres pesos en avales para créditos productivos.
En un país donde el acceso al crédito es uno de los más bajos de la región —el ratio crédito al sector privado sobre PIB apenas alcanza el 11% y, para pymes, se reduce al 1,6% en 2024 y 2,3% en lo que va de 2025—, la decisión fue recibida con fuertes críticas de los sectores productivas. En Mendoza, las cámaras empresarias de General Alvear, San Rafael, Malargüe, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Martín expresaron su preocupación.
El artículo 10 de la norma sancionada el 10 de julio eliminó la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes al fondo de las SGR y gravó con IVA los servicios que estas entidades prestan a emprendedores y pymes.
“Esto significa que los socios protectores, al hacer sus aportes, ya no podrán descontarlos del impuesto a las ganancias, y las operaciones con las SGR estarán alcanzadas por IVA”, explicó Bernardo Mercado, secretario de la Cámara de Comercio de San Rafael. “Antes existía un incentivo para que inversores canalicen capital hacia las SGR. Ahora desaparece, y el sistema pierde atractivo”, explicó.
El dirigente destacó que, según estimaciones oficiales, la medida permitiría al Estado recaudar alrededor de 240 millones de dólares anuales, monto que antes se dejaba de percibir por las exenciones fiscales vigentes desde hace 30 años. Sin embargo, advirtió que el costo económico para las pymes será mucho mayor: “En el último año se emitieron más de 100.000 certificados de garantía que permitieron financiar operaciones por 2,85 billones de pesos. Sin esta herramienta, será mucho más difícil acceder al crédito, que ya es escaso y caro en Argentina”.
Mercado subrayó que el cambio contradice los objetivos de desarrollo productivo. “Estamos en un país donde el crédito al sector privado es del 6% del PBI. En Chile, supera el 100% y los plazos promedian 10 años. Acá las pymes consiguen financiamiento a 24 o 36 meses. Este golpe nos deja en una situación más restrictiva todavía”, dijo a Los Andes.
En la misma línea, Leandro Guidarelli de la Cámara de Comercio de General Alvear, calificó la medida como “un retroceso” y detalló dos consecuencias inmediatas:
“Primero, se deroga la posibilidad de que personas o empresas deduzcan de Ganancias los aportes a las SGR. Esa era la principal fuente de capital para garantizar préstamos. Segundo, la cuota social que paga una pyme para acceder al aval estaba exenta de IVA, y ahora se encarece un 21%. Esto se traduce en menos garantías, menos créditos y tasas más altas”.
Guidarelli enfatizó que la decisión golpeará el corazón del sistema productivo: “Las pymes generan el 50% del PBI nacional y emplean al 70% de los trabajadores registrados. Si encarecemos el financiamiento, vamos a frenar inversiones y ampliar la brecha de competitividad”.
El dirigente adelantó que las cámaras locales están gestionando apoyo político para revertir la medida. “Entendemos que el Poder Ejecutivo podría vetar este punto de la ley. Hemos presentado documentos y contamos con el respaldo de cámaras provinciales y nacionales. Esperamos que se entienda que esto no es un privilegio, es una herramienta que permite que miles de empresas inviertan y sostengan empleo”, indicó.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA) emitieron comunicados en los que cuestionan la medida y advirtieron sobre sus efectos negativos.
“La eliminación de estos beneficios afectará la capacidad de las SGR de otorgar garantías y, en consecuencia, reducirá el crédito disponible para las pymes”, señaló CAME, que recordó que las pequeñas y medianas empresas “son responsables del 70% del empleo privado registrado”.
Por su parte, la UIA alertó que “sostener y potenciar el régimen resulta estratégico: amplía el acceso al crédito formal en el camino de fortalecer el entramado productivo, en particular en el interior. Aunque el saldo vigente es de $2,85 billones de pesos, tiene un potencial de $ 3,8 billones. Por ello resulta fundamental, revertir la eliminación de los incentivos fiscales para los aportantes y cuotas de SGRs. Potenciar el sistema promoviendo un mayor apalancamiento en instrumentos de financiamiento de calidad”.