El debate por el endeudamiento familiar sumó dos dictámenes con distintas alternativas para afrontar las deudas y la morosidad.
El proyecto del oficialismo obtuvo 32 firmas en las comisiones de Diputados y quedó como dictamen de mayoría.
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El proyecto de La Libertad Avanza (LLA) sobre endeudamiento familiar y morosidad consiguió dictamen de mayoría en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados. La iniciativa reunió 32 firmas con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados, mientras que el dictamen de la oposición obtuvo 27 adhesiones.
La propuesta oficialista apunta a mejorar la información que reciben los usuarios antes de tomar un crédito, con mayor detalle sobre el Costo Financiero Total (CFT), las tasas, los punitorios, los plazos y los impuestos. A diferencia del proyecto opositor, no incluye un esquema para refinanciar las deudas que ya están en mora.
La iniciativa de La Libertad Avanza busca establecer nuevas condiciones de información para quienes soliciten créditos en bancos y billeteras virtuales. El eje está puesto en que el usuario pueda conocer con mayor precisión cuánto le costará una operación antes de aceptarla y qué componentes forman parte del costo total de la deuda.
Durante el debate en comisiones, la diputada oficialista Silvana Giudici señaló que el crédito aumentó del 6,1% del PBI en 2023 al 12% actualmente. También planteó que los niveles de morosidad se mantuvieron durante los últimos tres meses y ubicó en 12,9% el nivel correspondiente al sector de consumo.
El proyecto establece que las entidades financieras y no financieras deberán presentar de manera más visible la información vinculada con el Costo Financiero Total, las tasas de interés, los punitorios y los plazos de pago. También deberán detallarse los impuestos que forman parte de la operación, entre ellos Ingresos Brutos, tasas municipales y tributos nacionales.
La propuesta alcanza a bancos y billeteras virtuales y establece que, antes de otorgar un crédito, el solicitante deberá prestar un consentimiento informado. Para eso se prevé un mecanismo de doble validación digital, similar al utilizado en plataformas para aceptar términos y condiciones, pero aplicado a la información específica de la operación financiera.
Otro punto del proyecto es el acceso gratuito al perfil de riesgo de la entidad que presta. La medida apunta a que los usuarios puedan consultar información sobre las entidades antes de decidir dónde contratar un crédito o producto financiero.
La iniciativa también incorpora modificaciones a la legislación sobre educación financiera. En particular, propone sumar un capítulo específico sobre educación financiera digital dentro de la currícula prevista por la Ley de Educación Financiera sancionada en 2018.
El planteo del oficialismo se concentra así en la prevención y en la información que recibe el consumidor al momento de contratar un crédito. No contempla, en cambio, un mecanismo general de refinanciamiento o reducción de las obligaciones de quienes ya se encuentran endeudados y en situación de mora.
El dictamen de la oposición parte de un enfoque diferente y plantea medidas destinadas a las personas que ya tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. El eje de la iniciativa es establecer un esquema de refinanciamiento para determinados deudores y limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares.
El proyecto declara una emergencia por 180 días y establece durante ese período un régimen de refinanciamiento. Podrán acceder quienes adeuden el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales, monto que, de acuerdo con los valores incluidos en la fuente, alcanza actualmente los $3.210.994.
La propuesta contempla a quienes tengan, al 31 de agosto de 2026, 60 días o más de mora en créditos destinados al consumo. Quedan excluidos los gastos considerados suntuosos. También podrán ingresar personas que estén cumpliendo con sus pagos pero destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de sus obligaciones crediticias.
El esquema de reestructuración plantea un mínimo de 12 cuotas, con posibilidad de extender el plazo hasta 60 cuotas. Además, establece que cada cuota no podrá representar más del 30% de los ingresos de la persona deudora.
Para quienes accedan al régimen por encontrarse en mora, el proyecto contempla la condonación total de los punitorios. De esta manera, la propuesta busca reducir el peso de los recargos acumulados sobre las deudas y facilitar su regularización mediante un nuevo esquema de pagos.
En cuanto a los intereses, el dictamen fija como referencia la tasa TAMAR de bancos privados más un 25%, aplicada sobre el Costo Financiero Total. La tasa TAMAR refleja el costo que afrontan los bancos por depósitos a plazo fijo de grandes montos y funciona como referencia para el esquema planteado por la oposición.
La discusión sobre el endeudamiento familiar todavía debe resolverse en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca incluir los dictámenes en la sesión que prepara para el 7 de octubre, aunque la firma del dictamen de mayoría no garantiza que La Libertad Avanza tenga los votos suficientes para aprobar su propuesta.
El escenario tampoco está definido para la oposición. Además del dictamen que reunió 27 firmas, los diputados misioneros y salteños del bloque Argentina Federal presentaron una propuesta propia como dictamen de minoría.
Ese proyecto plantea declarar durante un año la emergencia en materia crediticia y establece un límite para los intereses que pueden cobrar bancos y otras entidades. El tope propuesto es de hasta 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días publicada por el Banco Central.
La existencia de tres posiciones diferentes complica la posibilidad de que la oposición actúe de manera unificada en el recinto. El proyecto de LLA obtuvo la prioridad para un eventual tratamiento porque fue el que consiguió mayor cantidad de firmas en las comisiones, pero todavía deberá reunir los respaldos necesarios para avanzar.
