El proyecto busca limitar las tasas de interés y los costos de tarjetas y billeteras, además de establecer planes de pago de hasta 36 meses.
Plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
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Tras varias rondas de negociación, los bloques opositores quedaron a las puertas de consensuar una iniciativa para aliviar la morosidad y combatir los abusos del sistema crediticio. Se espera que dictaminen en unidad la semana próxima en la Cámara de Diputados.
El acuerdo se planteó en la antesala de la última reunión informativa del plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde expusieron representantes de organizaciones de endeudados y especialistas en la materia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto en el que confluirían Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos.
Además, se busca eliminar el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios.
Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.
Alcanzado este acuerdo, falta someter la propuesta a consideración de los otros bloques de la oposición.
El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, quien oficia de representante del grupo de legisladores de la oposición más moderada, era partidario de no intervenir con topes en las tasas de interés. No obstante, terminó cediendo a la postura mayoritaria.
Por el momento persisten diferencias en torno a qué valor fijar la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR).
En total, unas 6 millones de personas se encuentran en situación de mora (atrasos en los pagos de deudas mayores a tres meses), un fenómeno multicausal que se relaciona con el deterioro en el nivel de ingresos, el costo creciente de la canasta de servicios y la desregulación de tasas de interés por parte del Gobierno nacional.
El ratio de la morosidad se disparó a fines de 2024 y desde entonces la curva no paró de empinarse: actualmente, el 12.8% de los créditos otorgados por bancos se encuentran en situación de mora, y lo mismo ocurre con el 25% de los préstamos concedidos por billeteras y otras plataformas del mundo fintech.
Desde el oficialismo y referentes de los bancos señalaron que el aumento del crédito es un signo positivo en un país con índices de bancarización aún deficientes como Argentina.
Desde la oposición y los representantes del colectivo de deudores no cuestionan los créditos en sí, sino la finalidad de los mismos: según advierten, alrededor de dos tercios de los préstamos se destinan a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos.
Además, desde el sector ponen el acento en la disparada de la morosidad, en valores que no se condicen con la expansión del crédito. Entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de créditos otorgados creció un 8%, mientras que la morosidad se disparó un 80% al pasar de 3,3 a 6 millones de personas, dando cuenta de un ritmo de incremento diez veces mayor.
La representante de Endeudados Organizados, Oriana Fernández, trabajadora del rubro textil, comentó que tuvo que endeudarse para poder pagar el alquiler de su vivienda, y debió afrontar una tasa de interés del Banco Nación del 132%.
“Me gustaría que en Argentina seamos pioneros de desarrollo o innovación, pero ahora somos pioneros en un colectivo de endeudados”, indicó.
Vanesa Bitocco, también miembro del colectivo, señaló que “ya no se sueña con el día 30 porque no se llega a fin de mes”.
“Se piensa en llegar al 23 o el 25”, graficó la referente del colectivo de endeudados, que agregó: “No queremos que nos regalen nada. Queremos pagar nuestras deudas”.
Según señaló, el crédito “es un complemento del sueldo para poder cubrir gastos básicos, alimentos, servicios y medicamentos”.
“Queremos ver el tema de las tasas que se desregularon y nos complicó la vida a todos. Y que se puedan tener planes de pago que sean acordes a la realidad de un trabajador”, apuntó.
El abogado, docente e investigador, Fernando Shina presentó una propuesta de ley “Ulises”, el cual permitiría a cada usuario fijar un límite de gasto voluntario por debajo del otorgado por el banco, a fin de evitar caer en la “percepción de abundancia” que empuja a utilizar la totalidad del crédito disponible.
