El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), resolvió suspender temporalmente las auditorías a las pensiones por incapacidad laboral en todo el país, derogando la resolución 187/2025 de principios de año.
Desde el Ejecutivo detallaron que el proceso de revisión continuará bajo un nuevo procedimiento que se confirmará en las próximas semanas.
La falta de apoyo estatal pone en riesgo los servicios esenciales para personas con discapacidad.
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Freepik El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), resolvió suspender temporalmente las auditorías a las pensiones por incapacidad laboral en todo el país, derogando la resolución 187/2025 de principios de año.
Esta decisión, formalizada mediante la Resolución 1172/2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial, modifica temporalmente las medidas de control implementadas para regular más de un millón de pensiones no contributivas. Desde el Ejecutivo detallaron que el proceso de revisión continuará bajo un nuevo procedimiento que se confirmará en las próximas semanas.
Esta suspensión responde a la necesidad de revisar los criterios técnicos y normativos utilizados para estas auditorías, luego de que se identificaran inconsistencias en su implementación. Según los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, los procedimientos previos no se ajustaban adecuadamente a los estándares internacionales, lo que motivó una revaluación del enfoque para garantizar la equidad en el acceso a estos beneficios.
El ajuste económico también ha golpeado con fuerza a las instituciones que brindan apoyo a personas con discapacidad y a las familias que dependen de estos servicios esenciales. La creciente brecha entre los costos operativos y los aranceles regulados por el Gobierno Nacional ha llevado a muchas organizaciones a una situación financiera crítica.
Según los prestadores, el retraso en la actualización de los aranceles se remonta a 2023, cuando las tarifas dejaron de acompañar adecuadamente la inflación. Aunque en la primera mitad de 2024 hubo algunos ajustes, desde entonces los incrementos han sido insuficientes, quedando muy por debajo de las necesidades del sector. En 2025, el panorama es aún más complicado, con aumentos prácticamente inexistentes y costos operativos que no dejan de crecer.
Frente a esta crisis, muchas organizaciones en el país han emitido una carta abierta alertando sobre el posible colapso del sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina. "Si cerramos las instituciones, que muchas ya lo están haciendo, no va a haber adónde referenciar a las personas", señalaron en el documento.
Los prestadores subrayaron que los incrementos en los aranceles durante 2024 fueron mínimos, apenas alcanzando el 1% en algunos meses, y que en 2025 han sido inexistentes. Esto, combinado con el aumento sostenido de los costos operativos, ha llevado a un punto crítico. "La cuenta es simple y la situación no solo es grave: es crítica. Argentina cuenta con un sistema de atención a personas con discapacidad que ha sido ejemplo en América Latina y en el mundo. Si este sistema colapsa, las consecuencias serán devastadoras", alertaron.
Los especialistas también advirtieron sobre el riesgo de que los servicios para personas con discapacidad se conviertan en un privilegio accesible solo para quienes puedan pagarlos, dejando a miles de personas excluidas de las oportunidades básicas para su desarrollo y calidad de vida.
