La crisis política e institucional desatada en Paraguay a raíz de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank, que derivó en la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña y la detención de directivos, cruzó la frontera y golpeó de lleno en la Argentina.
El impacto directo se concentró en las oficinas del barrio porteño de Belgrano de Itti, la firma tecnológica perteneciente al Grupo Vázquez encargada de desarrollar los sistemas e infraestructura digital para el banco intervenido y sus empresas vinculadas.
Tras desatarse el escándalo en Asunción, la sede tecnológica en Buenos Aires quedó en una parálisis operativa acompañada por un silencio absoluto de los directivos y del área de Recursos Humanos.
Durante los primeros días, los trabajadores continuaron conectados a sus herramientas de trabajo a la espera de instrucciones para evitar acusaciones de abandono de tareas.
La respuesta institucional llegó finalmente de forma informal mediante un correo electrónico en el que la compañía notificó la suspensión de labores por 30 días sin goce de sueldo, justificando la decisión en causales de "fuerza mayor" bajo los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo argentina.
En paralelo, a otro grupo de empleados considerado indispensable se le ordenó continuar prestando tareas de manera remota, aunque la propia empresa reconoció por escrito que no cuenta con los fondos necesarios para abonar los salarios adeudados de octubre ni garantiza los recursos para noviembre.
El conflicto afecta a una nómina de cerca de 1.000 profesionales argentinos. La compañía utilizaba una modalidad de compensación mixta: una porción salarial depositada en pesos argentinos mediante la sociedad local Kaitel SRL y un complemento en dólares que se abonaba a través de plataformas de contratación internacional como Deel.
Con la ruptura de la cadena de pagos en Paraguay, el sueldo del mes de octubre —correspondiente a un período ya trabajado integralmente— quedó totalmente impago. A esto se suma la desesperación de los trabajadores por la vigencia de las coberturas de salud, dado que entre el personal perjudicado se encuentran mujeres embarazadas y personas con discapacidad, si bien la firma se comprometió por escrito a mantener las altas de la medicina prepaga.
El mayor obstáculo que enfrentan los damnificados radica en la estructura patrimonial de la filial argentina. Según denunciaron los propios empleados, la firma local Kaitel SRL carece de bienes o inmuebles a su nombre en la Argentina, lo que deja a los trabajadores sin patrimonio local contra el cual ejecutar eventuales indemnizaciones o reclamos por deudas salariales.
"No tenemos a quién reclamarle en el país", manifestaron los empleados que comenzaron a organizarse frente a las puertas cerradas de la oficina de Belgrano para solicitar asesoramiento jurídico e iniciar acciones judiciales directamente contra el matriz corporativo en Paraguay, donde también trascendió que los activos del grupo empresarial se encontrarían embargados.