La renuncia de Santiago Peña profundizó la crisis política en Paraguay, desatada por el colapso de Ueno Bank. La entidad quedó bajo intervención del Banco Central tras detectarse presuntas maniobras financieras irregulares, préstamos a empresas vinculadas y un fuerte impacto sobre ahorristas y fondos públicos.
Escándalo de Ueno Bank: renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis por el colapso del banco
Foto:
EFE
Escándalo de Ueno Bank: renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis por el colapso del banco
Foto:
EFE
Santiago Peña anunció su dimisión este jueves, acorralado por las denuncias de irregularidades financieras en Ueno Bank, la entidad intervenida por el Banco Central tras detectar un grave deterioro de su solvencia. La investigación apunta a préstamos millonarios a empresas vinculadas al grupo controlador, mientras 2,9 millones de clientes quedaron afectados y el Instituto de Previsión Social tiene unos 345 millones de dólares comprometidos.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de una profunda crisis política, financiera y social desatada por el colapso de Ueno Bank. El mandatario comunicó su decisión a través de su cuenta oficial de X, luego de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo impulsaran un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó Peña.
La dimisión se produjo después de varios días de tensión por la intervención de una de las principales entidades financieras de Paraguay, cuyos clientes quedaron sin acceso habitual a sus depósitos. El escándalo también alcanzó al entorno empresarial del mandatario, quien había sido accionista de Ueno Holding, el conglomerado vinculado al banco, hasta marzo de 2025.
"Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", agregó el presidente renunciante. También aseguró que su prioridad será garantizar la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros al sistema financiero.
El conflicto se desató el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
La medida implicó la suspensión de las operaciones habituales de la entidad y la intervención de sus activos y pasivos. El banco, que había experimentado un crecimiento acelerado y contaba con alrededor de 2,9 millones de clientes, quedó bajo control de las autoridades financieras.
El problema central está relacionado con presuntas irregularidades en la administración de sus recursos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2025 y 2026 se habrían otorgado préstamos y sobregiros millonarios a empresas vinculadas al mismo grupo económico que controla el banco.
Los investigadores detectaron créditos por montos elevados en relación con la capacidad económica de las compañías beneficiarias, plazos extensos, garantías insuficientes y deficiencias en la documentación que respaldaba las operaciones.
También se sospecha que parte del dinero prestado fue transferido a otras sociedades del mismo conglomerado empresarial y que se utilizaron fondos provenientes de empresas vinculadas para cancelar obligaciones financieras.
Uno de los movimientos bajo investigación involucra la transferencia de una cartera de créditos por aproximadamente 74,4 millones de dólares a una sociedad relacionada con el grupo controlador. La Fiscalía sospecha que la operación pudo haberse financiado indirectamente con recursos originados en el propio banco.
El miércoles 4 de noviembre, el Ministerio Público imputó a 27 personas vinculadas a la entidad y a empresas relacionadas por presunta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Para uno de los principales directivos se solicitó prisión preventiva, mientras que para otros siete integrantes del directorio se requirió arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Las acusaciones todavía deben ser acreditadas judicialmente.
Uno de los aspectos que convirtió el escándalo financiero en una crisis política fue la relación previa del presidente con el grupo empresario detrás de Ueno Bank.
Peña fue accionista de Ueno Holding, una de las estructuras empresariales vinculadas al Grupo Vázquez, controlador de la entidad financiera. El mandatario se desprendió de esas participaciones en marzo de 2025.
Una investigación publicada por el diario paraguayo ABC Color el 17 de octubre reveló que Ueno Holding había facturado alrededor de 30.000 millones de guaraníes (unos 5 millones de dólares) por servicios de marketing y actividades de capacitación para el propio banco.
Los comprobantes incluían conceptos como "Talento Workshop" y campañas de marketing para retener clientes. La información generó cuestionamientos porque Peña había tenido participación accionaria en la empresa proveedora.
Además, se cuestionó la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en septiembre de 2023. Antes de asumir ese cargo, Carvallo había dirigido la Financiera Ueno, antecedente de la actual entidad bancaria.
Estos vínculos alimentaron las sospechas sobre posibles conflictos de intereses y la falta de controles suficientes sobre las operaciones del banco.
La crisis también puso bajo presión al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo paraguayo encargado de administrar fondos jubilatorios y prestaciones de salud.
Según datos oficiales difundidos por las autoridades del organismo, el IPS tenía aproximadamente 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, equivalentes a cerca del 9% de su cartera total de inversiones.
Los recursos estaban colocados en certificados de depósito de ahorro y bonos financieros. Aunque las autoridades aseguraron que los pagos de jubilaciones continuarían con normalidad, la recuperación de esas inversiones quedó bajo seguimiento de los organismos de control.
La entidad financiera también gestionaba el pago de haberes de unos 32.000 jubilados, aunque esos desembolsos se realizaban con aportes de trabajadores y empleadores y no directamente con las inversiones comprometidas.
En cuanto a los ahorristas particulares, el sistema paraguayo cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad.
Este jueves, el Banco Central anunció el inicio de los pagos de la garantía para un primer grupo de clientes que tengan depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, no registren deudas con el banco y dispongan de una cuenta habilitada en otra entidad financiera.
La situación se agravó cuando diputados opositores y legisladores disidentes del Partido Colorado impulsaron un juicio político contra el mandatario por supuesto mal desempeño de sus funciones.
El expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, respaldó la iniciativa, mientras que el presidente del Senado, Basilio Núñez, reclamó públicamente la dimisión de Peña.
"Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", expresó Núñez en sus redes sociales.
El senador agregó que el Congreso debía intervenir para proteger a los depositantes y reclamó la renuncia del mandatario o, en su defecto, avanzar con el juicio político para recuperar la institucionalidad de la República.
La crisis también provocó cuestionamientos sobre la actuación de los organismos de supervisión financiera y la relación entre el poder político y los grupos empresarios.
Finalmente, antes de que el proceso de juicio político avanzara, Peña anunció su renuncia. Su salida abrió un nuevo capítulo de incertidumbre institucional en Paraguay, mientras las autoridades judiciales y financieras buscan determinar las responsabilidades por el colapso de Ueno Bank y garantizar la devolución de los depósitos afectados.
