Más de 700 extrabajadores de Flybondi llevan más de tres meses sin percibir, según denunciaron, las indemnizaciones por despidos sin causa y los pagos correspondientes a acuerdos de retiro voluntario que la compañía había firmado con ellos.
El conflicto laboral en Flybondi se judicializó por las demoras en pagos a exempleados y se extiende a trabajadores activos, pasajeros, proveedores y organismos públicos.
Más de 700 extrabajadores de Flybondi llevan más de tres meses sin percibir, según denunciaron, las indemnizaciones por despidos sin causa y los pagos correspondientes a acuerdos de retiro voluntario que la compañía había firmado con ellos.

El conflicto afecta a familias de distintas provincias y, de acuerdo con los trabajadores que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas, se profundizó por la falta de información de la empresa sobre los plazos previstos para cancelar las obligaciones pendientes.
Ante la ausencia de respuestas, varios de los afectados comenzaron a presentar acciones judiciales para ejecutar acuerdos reconocidos y suscriptos por la propia compañía. La situación alcanza tanto a personas despedidas como a quienes acordaron voluntariamente su desvinculación.
En numerosos casos, los documentos fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster. Otros acuerdos fueron homologados por el SECLO, la instancia administrativa obligatoria que antecede a un juicio laboral. Pese a esas formalidades, los trabajadores denuncian que los pagos continúan pendientes.
Los exempleados sostienen que cada incumplimiento los obliga a iniciar un nuevo expediente para intentar cobrar sumas que ya habían sido reconocidas mediante acuerdos escritos. Según plantean, esta situación termina extendiendo los tiempos de resolución y genera un creciente número de causas judiciales.
El conflicto también involucra a trabajadores que permanecen en actividad. Según las denuncias, algunos empleados todavía no recibieron los salarios correspondientes a junio y julio ni el aguinaldo.
Los trabajadores describen además un clima de preocupación e incertidumbre dentro de la empresa. En ese marco, los empleados aseguran que el temor a posibles represalias dificulta que los reclamos se hagan públicos.
A esta situación se sumó otro problema el 6 de agosto, cuando la falta de pago de aportes habría dejado a empleados activos y extrabajadores sin cobertura de medicina prepaga y obra social, con consecuencias sobre tratamientos, controles y otras prestaciones.
Los problemas denunciados por trabajadores y exempleados se suman a reclamos de otros sectores vinculados con la actividad de la aerolínea.
Según la información suministrada por los trabajadores, cientos de miles de pasajeros todavía esperan reembolsos por vuelos cancelados durante los últimos ocho meses. También señalan que cientos de proveedores acumulan meses de pagos pendientes, incluso en situaciones en las que se habían acordado planes de cancelación de esas deudas.
A su vez, los denunciantes sostienen que entre los acreedores de la compañía se encuentran el Estado Nacional y distintas provincias, debido a obligaciones vinculadas con tasas e impuestos frente a organismos públicos y empresas estatales.
De acuerdo con los reclamos, la acumulación de obligaciones pendientes excede así el conflicto laboral y alcanza a distintos actores relacionados con la operación de la empresa.
La situación de Flybondi también tuvo repercusiones fuera de la Argentina. En Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) resolvió restringir la venta de pasajes de la compañía a raíz del volumen de cancelaciones y problemas operativos informado en ese país.
La medida fue presentada como una forma de proteger a los consumidores frente a servicios que la empresa pudiera no estar en condiciones de garantizar.
En Argentina, mientras tanto, los extrabajadores cuestionan que Flybondi continúe comercializando pasajes. También señalan la existencia de un patrón de cancelaciones que, según sostienen, debería motivar una intervención de los organismos reguladores.
En particular, reclaman explicaciones sobre la actuación de la ANAC argentina y cuestionan que el organismo continúe aprobando los planes operativos de la compañía sin aplicar medidas similares a las adoptadas en Brasil. Los trabajadores también apuntan contra la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), a la que reprochan una falta de intervención frente a la situación laboral denunciada.
La crisis denunciada alrededor de Flybondi involucra actualmente a empleados y exempleados, pero también alcanza, según los reclamos, a pasajeros, proveedores y organismos públicos. La compañía alcanzó durante años operaciones en más de 15 provincias argentinas, por lo que los trabajadores sostienen que el impacto de los incumplimientos trasciende el ámbito interno de la empresa.
Mientras avanzan las acciones judiciales iniciadas por extrabajadores, persisten los reclamos por indemnizaciones, retiros voluntarios, salarios y aportes. A esto se suman las denuncias vinculadas con pasajeros y proveedores y las restricciones aplicadas en Brasil.
Los exempleados reclaman que Flybondi cumpla los compromisos asumidos y que los organismos correspondientes intervengan frente a las situaciones que denuncian. Por el momento, el conflicto continúa abierto y los trabajadores sostienen que la falta de respuestas de la compañía profundiza la incertidumbre.