Un informe del CEM detalló la evolución de la deuda pública de Mendoza. Por qué el desendeudamiento es bueno para los mendocinos.
El Consejo Empresario Mendocino (CEM) presentó su informe sobre la situación de la deuda pública de Mendoza. Tal como suelen realizar todos los años, el trabajo busca analizar periodos largos, mayores a 10 años con el fin de salirse un poco de la coyuntura. El Consejo pretende aportar una mirada global sobre la economía y el desarrollo de la provincia.
En el caso de las cuentas fiscales, el informe –que fue adelantado a Los Andes- detalló la evolución de la deuda pública provincial entre diciembre de 2014 y junio de 2026. Los datos fueron tomados de las publicaciones oficiales del Ministerio de Hacienda. Al primer semestre de 2026 la deuda total de la Administración Central ascendió a $ 1.292.993 millones (U$S 872 millones) y la consolidada alcanzó los $ 1.149.163 millones (U$S 775 millones).
Mendoza cerró el ejercicio 2025 con un déficit financiero en su ejecución presupuestaria. Esto fue debido a la caída de fondos nacionales y un incremento del gasto superior al de los recursos en el contexto de una crisis de consumo con el correspondiente impacto en la recaudación de Ingresos Brutos, uno de los principales “aportantes” a las cuentas públicas.
Esto, no obstante, no ha afectado el desendeudamiento general que se logró en los últimos años. El informe del CEM destacó que los diferentes métodos de medición revelaron una significativa reducción del endeudamiento provincial. “Medida en pesos constantes, la deuda total es 44% menor que en diciembre de 2014 y 63% inferior a la de fines de 2020”, señaló el trabajo. En tanto, si la medición se hace en dólares, la deuda es 34% menor que en 2014 y 55% inferior al máximo alcanzado en 2017. La deuda por habitante alcanza a U$S 423, un 41% menos que en 2014 y 58% menos que en 2017.
En relación con el tamaño de la economía, pasó de representar el 8% del PBG en 2014 a un máximo del 15,4% en 2020, para descender al 5% en 2025. En función de estos números, desde el Consejo Empresario destacaron que la evolución de la deuda pública está estrechamente vinculada con el desempeño fiscal. “El aumento de la deuda entre 2014 y 2017 respondió principalmente a la necesidad de financiar déficits corrientes y operativos acumulados”, recordó el trabajo.
En este marco, se agregó que el ordenamiento fiscal iniciado en 2016 revirtió de a poco esa dinámica y la recuperación del ahorro corriente desde 2018 redujo las necesidades de financiamiento, siendo acompañada por una disminución sostenida del stock de deuda. Para el CEM, “la deuda pública provincial presenta un perfil sostenible. Su disminución produjo un efecto patrimonial positivo y fortaleció la posición financiera de la provincia”.
Agregaron que a ello se suma la incidencia decreciente, en los últimos años, de los servicios de deuda sobre los recursos corrientes. Respecto de las obligaciones en dólares, Mendoza cuenta con regalías que le permiten afrontar sin sobresaltos el pago de sus obligaciones en moneda extranjera, en particular el servicio del Bono Mendoza 2029.
La deuda pública o fiscal posee un impacto en la vida de los mendocinos más allá de quienes trabajan para el Estado provincial. En este caso, es claro que cuando el Gobierno carece de recursos o está complicado con sus pagos o acreedores, es más difícil que se otorguen aumentos a los empleados estatales. La necesidad de equilibrio fiscal también podría pisar un poco los incrementos salariales o las erogaciones en líneas generales.
Sin embargo, el trabajo del CEM detalló otras ventajas de contar con una situación financiera ordenada y relativamente holgada. “El endeudamiento constituye una herramienta útil de política fiscal cuando se destina a financiar inversiones socialmente rentables o a mejorar el perfil financiero de la deuda existente”, detalló el informe realizado. En este contexto, los ciudadanos de Mendoza podrían beneficiarse dado que si hay superávit o menos deuda hay mayor cantidad de fondos que se destinen a créditos productivos o a financiación de tasas de los préstamos.
Por otra parte, dado los desafíos de competitividad que la provincia tiene en torno a la infraestructura, el equilibrio permite disponer de dinero para obra pública y otras inversiones de mediano y largo plazo.
Esto, más allá de solucionar las urgencias. Si bien desde el CEM destacaron que no es que el Estado no deba endeudarse, el orden fiscal es clave para incorporar activos que generan beneficios económicos y sociales para la provincia. El aumento del pasivo tiene como contrapartida la incorporación de activos que mejoran la vida de los mendocinos.
En tanto, una nueva deuda sustituye un pasivo por otro en condiciones más favorables (plazo, tasa, moneda o perfil de vencimientos), lo que mejora la estructura financiera sin aumentar la deuda neta. Es por eso que para el CEM la política fiscal debe preservar la sostenibilidad financiera del Estado para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones esenciales e impulsar la competitividad de la economía. En este marco, el cumplimiento efectivo de los principios de responsabilidad fiscal es el marco para alcanzar simultáneamente estos objetivos.
“Un Estado fiscalmente responsable no es aquel que gestiona el gasto con austeridad sino aquel que asigna eficientemente sus recursos, preserva el equilibrio de sus cuentas con una carga tributaria razonable y financiable por el sector privado y promueve la competitividad como pilar del crecimiento y el desarrollo económico”, subrayaron desde el Consejo Empresario Mendocino.
Por el contrario, expresaron, el endeudamiento es nocivo cuando se destina a financiar gasto corriente, como ocurrió hace algo más de una década cuando se generaron déficits fiscales que demandaron dosis crecientes de financiamiento. “Por ello, resulta fundamental preservar el ahorro corriente y fortalecer el sistema de inversión pública, a fin de priorizar proyectos de adecuada rentabilidad económica y social”, dictaminaron.
El informe del CEM no solo midió la deuda pública en pesos y dólares constantes en los últimos 12 años sino también con relación al Producto Bruto Geográfico (PBG). De este modo, expresó que Mendoza atravesó un proceso de reducción en los últimos años, tanto en términos absolutos como con relación al tamaño de la economía provincial. Con el foco en el vínculo entre endeudamiento y desempeño de las cuentas públicas, el trabajo registró la evolución durante la última década.
En 2014, la deuda total de la Administración Central equivalía al 8% de la economía provincial. Peso que fue en aumento durante los años siguientes hasta alcanzar un máximo de 15,4% del PBG en 2020, en el primer año de la pandemia. Desde entonces, la tendencia se revirtió de la siguiente manera: En función de la relación deuda/PBG bajó al 11,9% en 2021, al 10% en 2022 y volvió a subir al 12,2% en 2023. Luego, retomó la trayectoria descendente y llegó al 5% en 2025, un nivel inferior tanto del máximo alcanzado durante el período analizado como del registrado al comienzo de la serie.
La reducción del peso de la deuda sobre la economía se produjo en paralelo con una caída del stock de endeudamiento. Medida en pesos constantes, la deuda total de la Administración Central bajó 60% entre 2020 y 2025 y tuvo una baja adicional durante el primer semestre de 2026. En términos generales, el informe señaló que a junio de este año, el stock se encontraba muy por debajo de los niveles registrados durante la segunda mitad de la década pasada.
El análisis económico realizado por los profesionales del Consejo Empresario estableció una relación directa entre la evolución de la deuda y el resultado de las cuentas fiscales. La etapa de mayor crecimiento del endeudamiento fue entre 2014 y 2017 y estuvo asociada a la necesidad de financiar déficits corrientes y operativos acumulados. El deterioro fiscal había alcanzado su punto más marcado en 2015, cuando el déficit operativo representó el 13,5% de los recursos corrientes.
En ese contexto, los ingresos del Estado no alcanzaban para cubrir sus gastos y la necesidad de financiamiento se tradujo en un aumento de la deuda. A partir de 2016 comenzó un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que demandó varios años y que estuvo acompañado, inicialmente, por financiamiento adicional. Recién en 2018 se logró recuperar el equilibrio corriente, cuando la provincia registró un ahorro corriente equivalente al 8% de sus recursos y el déficit operativo se redujo al 1,5%.
La mejora fiscal se consolidó después y a partir de 2021 comenzaron a observarse resultados operativos positivos, lo que disminuyó las necesidades de financiamiento del Estado y coincidió con el descenso sostenido del stock de deuda. En este sentido, el informe planteó que el desendeudamiento no puede analizarse de manera aislada de la administración fiscal. La generación de ahorro corriente permitió disminuir la necesidad de recurrir al crédito, mientras que la disminución del endeudamiento contribuyó a mejorar la posición patrimonial de Mendoza.
Aunque la trayectoria general analizada mostró una paulatina baja del endeudamiento, el CEM advirtió acerca de la evolución más reciente del ahorro corriente. Después de alcanzar el equivalente al 14,8% de los recursos corrientes en 2024, cayó al 5,9% en 2025. Este retroceso constituye una señal que debe ser monitoreada dado que el resultado corriente es uno de los principales determinantes de las necesidades futuras de financiamiento.
La lógica planteada es que, mientras los ingresos corrientes permitan cubrir los gastos corrientes y generar ahorro, disminuye la presión para financiar el funcionamiento del Estado mediante nueva deuda. El vínculo también se observó en el peso de los servicios de la deuda que luego de alcanzar el 12% de los recursos corrientes en 2017, comenzó a descender en proporción y se ubicó en torno al 6%-7% en 2024 y 2025.
Este año, en tanto, el Gobierno informó una caída real de los ingresos provinciales en un contexto de desaceleración económica y menor recaudación nacional. Los fondos provinciales bajaron con impacto del impuesto automotor, las regalías, el impuesto de sellos y otros ingresos no tributarios. Los de origen nacional registraron lo hicieron de la mano de la coparticipación federal y del financiamiento educativo.
El proceso que describe el informe combina dos movimientos. Por un lado, una reducción significativa del stock de deuda y de su peso sobre el PBG; por el otro, una mejora de los resultados fiscales que permitió reducir las necesidades de financiamiento. El CEM sostuvo que preservar el ahorro corriente resulta central para mantener una trayectoria sostenible de la deuda. El endeudamiento puede funcionar como una herramienta de financiamiento cuando permite mejorar el perfil de las obligaciones existentes o financiar inversiones.
Sin embargo, el deterioro fiscal y la utilización de deuda para cubrir déficits corrientes generan una dinámica diferente, porque trasladan al futuro necesidades de financiamiento originadas en el funcionamiento del Estado. En la actualidad, el informe caracterizó la deuda provincial como sostenible y apoyó su juicio en la caída de su peso relativo y una menor incidencia de los servicios sobre los recursos corrientes. Para las obligaciones en dólares, además, señaló que Mendoza cuenta con regalías en esa moneda, lo que permite afrontar el servicio del Bono Mendoza 2029.
La evolución de los últimos años dejó, de este modo, una relación estrecha entre deuda y administración fiscal: el deterioro de las cuentas públicas incrementó la necesidad de financiamiento y acompañó el aumento del endeudamiento. En tanto, la recuperación del ahorro corriente redujo esa necesidad y coincidió con el proceso de desendeudamiento. El desafío hacia adelante, según el informe, pasa por sostener esa dinámica fiscal para evitar que una nueva reducción del ahorro corriente vuelva a presionar sobre las necesidades de financiamiento.
La sostenibilidad de las finanzas públicas aparece, así, como una condición necesaria para una administración responsable, aunque no suficiente para garantizar el crecimiento. En ese marco, el equilibrio fiscal debe compatibilizarse con condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el empleo.
El documento del CEM planteó entre las conclusiones que la disciplina fiscal requiere preservar el equilibrio o superávit corriente, evitar que el gasto corriente y primario crezca de forma sistemática por encima de la inflación y limitar el uso del endeudamiento al financiamiento de gastos corrientes. También señaló la importancia de destinar los recursos de capital y los ingresos extraordinarios prioritariamente a inversiones, reducción de deuda o fortalecimiento de fondos anticíclicos.
A esto sumaron la necesidad de que la evolución de la planta de personal responda a criterios de eficiencia y productividad así como mantener los servicios de la deuda en niveles prudentes y compatibles con la capacidad de repago.
En definitiva, la evolución de la deuda pública no puede analizarse de manera aislada: su sostenibilidad está estrechamente vinculada con la capacidad del Estado para sostener resultados fiscales que reduzcan las necesidades de financiamiento. “La participación del gasto público consolidado en el PBG debe converger hacia niveles compatibles con una estructura y una carga tributaria competitivas, en un marco de sostenibilidad fiscal”, subrayaron desde el CEM.
