El Partido de los Trabajadores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y Lula volvió a quedar ayer en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en San Pablo y la detención de un exministro de ambos gobiernos.
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El Partido de los Trabajadores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y Lula volvió a quedar ayer en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en San Pablo y la detención de un exministro de ambos gobiernos.
Agentes policiales fueron desplegados en cinco estados de Brasil, en una operación vinculada al escándalo de corrupción en Petrobras, para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes de conducción de involucrados ante la justicia y 40 allanamientos en busca de documentación y pruebas, informó la fiscalía de San Pablo.
Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia, como parte de las investigaciones para dilucidar “el pago de sobornos de unos 30 millones de dólares para diversos funcionarios públicos” entre 2010 y 2015, según dijo la fiscalía de San Pablo en un comunicado.
El ministerio de Planificación es acusado de haber formado parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba “más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema” de desvío de fondos públicos.
