Las personas pasadas a disponibilidad aguardan una respuesta a un recurso de amparo y el cumplimiento de la sanción del Senado. Incertidumbre.
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NA Luego de que la Nación pasara a disponibilidad a 49 empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y a 300 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los trabajadores viven con alta incertidumbre. En medio de la maraña de marchas y contramarchas, los empleados no han abandonado sus puestos de trabajo, pero tienen dudas acerca de su futuro. En especial porque desde las altas esferas nacionales parecen hacer oídos sordos a lo sucedido en el Congreso y en la Justicia.
Todo sucedió en medio del rechazo del Senado al Decreto, lo que en los papeles implicaría volver a la situación previa, pero que en la práctica no ha sucedido en los papeles. El jueves 21 de agosto se publicó en el Boletín Oficial el mencionado pase a disponibilidad a través de la resolución 1240/25. Sin embargo, al día siguiente, la Cámara de Senadores rechazó dicho decreto lo que no impidió que una hora después el Gobierno nacional emitiera una resolución en la que pasó “despidió” a 49 empleados del INV de Mendoza y a casi 300 del INTA (sede central). A esto se suma una medida similar para el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
“No tuvimos ni una hora para celebrar”, comentó Maryté Viedma, secretaria general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta). En medio de la incertidumbre, tanto en el INV como en el INTA aseguraron que continúan trabajando, pero que se encuentran en estado de asamblea permanente a la espera de que el Ejecutivo de marcha atrás con la resolución 1240/25.
Mientras tanto, desde los sindicatos de los organismos nacionales, que también han visto peligrar su autarquía, no se han quedado quietos y han accionado judicialmente. “Además, estamos a la espera de los resultados del viaje del presidente del INV (Carlos Tizzio) a Buenos Aires”, explicó Mariano Lucero, delegado de ATE en el Instituto. Es en este marco que las 49 personas “cesanteadas” no han abandonado sus puestos de trabajo. Además, según detalló el dirigente sindical, se acordó con el presidente del organismo que sigan trabajando hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Mariano Cantón, también referente de la Asociación de Trabajadores del Estado dentro del INV coincidió con Lucero al agregar que se encuentran en Asamblea hasta que “se resuelva la situación de los compañeros puestos ilegítimamente en disponibilidad”. En este contexto, el gremio presentó un derecho de amparo contra los decretos que van a contramano de lo sancionado por el Congreso y, en este marco, “carecen de legalidad”.
Cantón destacó que se la acción judicial se estableció contra el decreto 462/25 que le quita la autonomía al INV y 585/25, que establecen la desregulación de diversos organismos del Estado. Entre otros el INTA y la CNRT. El amparo también se presentó contra la Resolución 1420/25 que es la que pasa a disponibilidad al personal y que obligaría los trabajadores señalados a estar a disposición del organismo con un plazo máximo de un año, pero con cobro de haberes reducidos y con fin de contrato pasado ese tiempo.
“Se ha pasado a disponibilidad a personal de planta que lleva más de 30 años en funciones, a investigadores y hasta a un doctor repatriado”, ejemplificó Maryté Viedma para señalar la arbitrariedad de la medida. Es en este contexto que los representantes gremiales del INTA también realizaron presentaciones judiciales en dos sentidos y que, al igual que en el INV, las personas despedidas todavía siguen en sus puestos de trabajo. Según explicó Viedma, se envió una carta a documento al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, para que deje sin efecto el pase a disponibilidad.
En este caso, si bien la lista de empleados está consignada desde un inicio la dirección del Instituto no ha formalizado las notificaciones de forma administrativa. Es decir que los empleados no han abandonado sus puestos de trabajo a la espera de que la situación se revierta. El gremio ha sido muy activo en la defensa del organismo y, entre otras acciones, acompañó la sanción del Congreso y ha ganado la calle en diversas oportunidades.
“Estamos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente”, destacó Viedma. Por estos días, el sindicato también busca dar contención a las situaciones de estrés y angustia no solo de las personas que se quedaron virtualmente si trabajo sino del resto de los compañeros dado el complejo contexto laboral. “Estamos cumpliendo con nuestro trabajo todos los días en medio de presiones, falta de financiamiento y un futuro muy incierto”, expresó la referente gremial.
Además de los amparos mencionados, desde el INTA se hizo una denuncia penal al ministro de Economía, Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. “Al no respetar la división de poderes y lo dictaminado por el Senado y, en su momento, por la Justicia, el ministro no cumple con lo que corresponde”, comentó Viedma. En este contexto, la gremialista destacó la postura de los tres senadores de Mendoza en contra del decreto presidencial.